Mientras se siguen conociendo nuevas aristas del escándalo de Democracia Viva y la asignación directa a fundaciones, no podemos perder de vista que el daño provocado va mucho más allá de una opaca gestión de los dineros y la trama política. La consecuencia más grave de los denominados “convenios” es el daño a la fe pública y la confianza en las instituciones, lo cual representa un costo mucho mayor y más difícil de recuperar que los dineros públicos.

La experiencia internacional muestra que la pérdida de confianza en las instituciones dificulta la estabilidad de los países, manifestándose, por ejemplo, en menor disposición ciudadana a pagar impuestos y respetar las leyes. Chile, muestra en diversas mediciones una caída sostenida en la confianza de sus ciudadanos hacia las instituciones, y si no se abordamos esta temática decididamente nos exponemos a una degradación irreversible de nuestra sociedad.

Las instituciones del Estado deben ser referentes en la construcción de confianza en las sociedades. Y si bien no hay fórmulas mágicas, existen algunas prácticas pueden ser de utilidad: definir mecanismos robustos de accountability, optimizar procesos de gestión y control y, sobre todo, profundizar la profesionalización del empleo público. Esperemos no tener más “Casos convenios” para modernizar el Estado y ponerlo verdaderamente al servicio de las personas.

Gustavo Campos

Director Escuela de Gobierno

U. San Sebastián.