Cartas al Director

Caso Rodrigo Rojas constituyente: la esfera de lo público y lo privado.

Alexander Hernández

8 de septiembre de 2021


Recientemente generó gran polémica la revelación del reportaje de La Tercera, según el cual un miembro de la Convención Constitucional habría mentido respecto de su condición de salud al afirmar padecer de cáncer. Al respecto, quisiera hacer presente de qué forma se entrecruzan en este caso dos dimensiones. A saber, la esfera de lo público y lo privado.

En efecto, la condición de salud del cuestionado convencional podría considerarse, en principio, un aspecto perteneciente a su esfera privada que no dice relación directamente con el rol público que desempeña en la redacción de la nueva Constitución. Ello viene a ser refrendado, por ejemplo, por diversas normas que resguardan y atribuyen un carácter confidencial y privado a los antecedentes médicos de las pacientes, so pena de ser malinterpretado por algún lector o lectora que crea erradamente que detrás de mis palabras se sugiere la idea de que quienes conviven con ciertas condiciones de salud deban esconderlas.

Teniendo a la vista estos antecedentes, el panorama resulta bastante claro: el convencional al mentir no sólo izó una bandera de lucha que no le pertenecía (al menos no de manera directa), sino que, además, quedó absolutamente expuesto al escrutinio de la opinión pública. En efecto, su condición de salud, un aspecto de carácter privado y personal, quedó a la vista de todos. Más aun si dicho aspecto fue usado con fines políticos. Precisamente por esa razón es que esta revelación tiene interés público, permitiendo a la prensa publicar legítimamente este hecho, cuestión que en otras circunstancias habría resultado improcedente e incluso ilegal.

Por otro lado, cabe abordar dos elementos dentro de esta tensión entre lo público y lo privado: la necesidad del acto desplegado y los receptores del engaño. En lo concerniente a lo primero, al hacerse pública la mentira, el convencional esgrimió haber actuado motivado por el miedo a la discriminación y el estigma que todavía siguen arraigados (afortunadamente en menor magnitud que en décadas anteriores) en nuestra sociedad cuando se trata de ciertas condiciones de salud. Desde el punto de vista humano, sería perfectamente posible empatizar con la persona y sus circunstancias. Sin embargo, dicha tendencia natural a empatizar se desvance rápidamente cuando se advierte, tal como se señaló antes, en el uso de la causa de los enfermos de cáncer con fines políticos.

De allí surge de inmediato la pregunta: ¿era necesario generar tal nivel de engaño? ¿fue necesario mentir para poder obtener la adhesión de quienes votaron por él? ¿efectivamente con el engaño se pretendió evitar un mal mayor consistente en evitar ser discriminado, lo cual habría significado un escollo para acceder a un cargo de elección popular o simplemente la causa de los enfermos de cáncer resultaba políticamente más conveniente? Uno pudiera pensar, asumiendo no ser dueño de la verdad absoluta y sin ánimo de pontificar (aunque no lo parezca), que si la revelación de su auténtica condición de salud hubiera sido motivo de temor al rechazo podría haberlo mantenido en la esfera de lo privado, espacio absolutamente resguardado e inviolable.

Pero cosa distinta es aducir públicamente una enfermedad de la cual no se padece. Tal nivel de contradicción, falsedad e hipocresía sería comparable, sólo hipotéticamente hablando (por si alguien se pone el poncho), a la de un convencional que pretendiera integrar la Comisión de Derechos Humanos estando vinculado con causas lesa humanidad o aquella otra convencional cuya hija habría estudiado con gratuidad, no obstante haber manifestado de manera férrea su oposición a esta forma de financiamiento. Por su parte, cabe también tener en consideración a los receptores del engaño. No es lo mismo mentirle a la pareja, a los amigos de partido o al momento de postular a un trabajo respecto de la propia condición de salud que mentirle al electorado. Al hacerlo, dicho aspecto se escapa automáticamente de lo privado y se vuelve de dominio público, particularmente porque el rol que desempeña quien ejerce un cargo de elección popular compromete ineludiblemente el bien común.

Este tipo de conductas naturalmente socava la fe pública depositada en las instituciones del Estado, pero al mismo tiempo, y este es lado positivo del hecho, le recuerda a aquellos cuya confianza fue traicionada que tienen derecho a exigir rendición de cuentas de parte de sus representantes. Es decir, constituye una oportunidad para hacer más fuerte la democracia. Así las cosas, y visto de esta forma, una mentira o secreto que podría haberse mantenido en el fuero interno de una persona o, a lo sumo, entre cuatro paredes, queda expuesto en la plaza pública.

Alexander Hernández Vega

Egresado Derecho UC

Agregue su comentario

Agregue su Comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *