Ética corporativa en tensión
Compliance para un mundo que ya no existe
El discurso contemporáneo del compliance y la ética empresarial enfrenta una tensión estructural con un contexto político y cultural que normaliza la transgresión, el desprecio por las reglas y el liderazgo sin contrapesos, poniendo en cuestión la coherencia y credibilidad real de la integridad organizacional.
Durante la última década, el mundo corporativo ha construido un relato virtuoso sobre sí mismo. Cumplimiento, ética organizacional, responsabilidad social, gobierno corporativo, cultura de integridad. Un lenguaje pulcro, casi litúrgico, que promete que las empresas ya no solo cumplen la ley, sino que aspiran a algo más alto: hacer lo correcto, incluso cuando nadie mira. La idea es atractiva. Y en abstracto, irreprochable.
El compliance moderno, nos dicen, no se limita a evitar delitos, sino que encarna una ética profunda, una brújula moral que orienta decisiones complejas en entornos competitivos. Hasta ahí, nada que objetar. El problema es otro: el mundo real.
Mientras en seminarios, columnas y directorios se celebra esta ética depurada, el escenario político global avanza en sentido contrario. Discursos de fuerza, desprecio abierto por las reglas, relativización del Estado de derecho, glorificación del atajo, del castigo ejemplar, del “yo mando”. Donald Trump no es una anomalía: es un síntoma. Javier Milei tampoco es una rareza exótica del sur, sino parte del mismo clima cultural que exalta la ruptura, la desinstitucionalización y la sospecha permanente sobre cualquier límite normativo.
Y aquí aparece la paradoja incómoda: muchos de quienes gobiernan empresas (directores, ejecutivos, inversionistas) adhieren, explícita o implícitamente, a estas formas de entender la conducción de los países. Aplauden al líder que “pasa la motosierra”, que ignora procedimientos, que desconfía de los controles, que reduce la legalidad a un obstáculo molesto.
Pero al mismo tiempo exigen puertas adentro rigor ético, cultura de cumplimiento y coherencia institucional. Compliance hacia abajo. Excepción hacia arriba.
Se nos pide creer que la ética organizacional puede sobrevivir aislada de su contexto político y cultural. Que una empresa puede cultivar integridad en un ecosistema que premia la transgresión cuando es eficaz. Que el respeto a la norma es un valor empresarial, pero no necesariamente un valor democrático. Es una ficción elegante, pero ficción al fin.
El compliance no es solo un sistema de controles, es una forma de entender el poder. Y hoy el poder, político y económico, se está ejerciendo cada vez más desde la lógica del “resultado primero, reglas después”. Pretender que ese clima no permea a las organizaciones es, en el mejor de los casos, ingenuo. En el peor, hipócrita.
No se trata de desechar el compliance ni de burlarse de la ética empresarial. Al contrario: se trata de tomarlas en serio. Tan en serio, que resulte inevitable la pregunta incómoda: ¿qué tan creíble es predicar ética, legalidad y responsabilidad mientras se celebran liderazgos que hacen exactamente lo contrario en el plano público?
Quizás el problema no es el compliance como ideal. El problema es que muchos esperan que opere en un mundo cuyas reglas ya resolvieron relativizar. En ese contexto, el relato de virtuosidad se vuelve frágil y termina diluyéndose en la cultura organizacional cuando quienes la dirigen respaldan, explícita o implícitamente, liderazgos políticos que hacen exactamente lo contrario. Y eso, tarde o temprano, se nota.
Rodrigo Rettig Vargas
Abogado
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Comentarios (1)
Virginia Soldevilla Coincido con el autor en un punto central: el compliance no puede reducirse a un discurso decorativo ni a un ritual vacío de coherencia. Cuando eso ocurre, pierde credibilidad y sentido. Hasta ahí, acuerdo. Sin embargo, discrepo profundamente con la tesis que equipara —sin matices— el quiebre de regímenes autoritarios con un desprecio por el Estado de derecho, y que sugiere que las empresas “celebran la transgresión” cuando apoyan acciones que buscan poner fin a dictaduras como la venezolana. Hablar de “saltarse procesos” en Venezuela exige una pregunta previa: ¿qué proceso democrático existía realmente? Durante años, el país vivió elecciones sistemáticamente manipuladas, sin independencia de poderes, con persecución política, captura institucional y financiamiento ilícito. En ese contexto, la noción de soberanía y legalidad ya había sido vaciada de contenido. No había Estado de derecho que respetar, porque había sido destruido desde dentro. Reducir la intervención internacional a una simple glorificación del atajo es desconocer que, frente a regímenes que violan masivamente derechos humanos, generan miseria estructural y expulsan a millones de personas, la inacción también es una forma de complicidad. Desde la perspectiva del compliance —entendido seriamente— lo que las empresas necesitan no es la perpetuación de dictaduras “formalmente legales”, sino reglas claras, instituciones mínimamente funcionales y un entorno donde la ley no sea una ficción al servicio del poder. Eso es lo que se valora cuando se apoya el fin de un régimen criminal: no la arbitrariedad, sino la posibilidad de reconstruir un marco de legalidad real. El compliance no protege procedimientos vacíos; protege principios sustantivos: legalidad efectiva, integridad, rendición de cuentas, previsibilidad. Defender esos principios en contextos extremos no es hipocresía, es coherencia. La verdadera contradicción no está en exigir ética empresarial mientras se condenan dictaduras, sino en confundir legalidad con simulacro, y en exigir respeto a normas que ya no existen más que en el papel. Tomar el compliance en serio implica reconocer que no todos los contextos son equivalentes y que, a veces, restaurar las reglas del juego exige primero desmontar a quienes las destruyeron. Ese es el mundo real. No uno idealizado, pero sí uno donde la integridad sigue teniendo sentido.
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