Legítima defensa privilegiada extendida

En relación con el proyecto para extender la presunción legal de legítima defensa a los funcionarios de las policías y de las Fuerzas Armadas contemplada en el proyecto de reforma con el que se busca elevar a rango constitucional la seguridad pública, espero que en dicho proyecto se considere que tal presunción no solo procede contra agresiones “que puedan afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero”, sino que también cuando dichos funcionarios hagan uso de sus armas letales para repeler o impedir actos terroristas o graves atentados contra instalaciones de la infraestructura crítica o la consumación de los delitos que se determinen durante la discusión del proyecto; como podrían serlo los señalados en los artículos 141, 142, 150 A, 361, 362, 390, 390 bis, 391, 395, 396, 397, 433 y 436 del Código Penal así como el del artículo 14 D de la ley Nº 17.798 sobre control de armas; que estaban contemplados en el Informe de la Comisión de Seguridad Pública del Senado durante la tramitación de la ley Naín-Retamal (Historia de la Ley Nº 21.560 página 210).

Si a los referidos funcionarios no se les facultare expresamente para usar sus armas contra quienes estén cometiendo o se apresten a cometer los precitados actos delictivos y no se les asegurare que por ello no serán encarcelados —salvo en casos de acciones ilegítimas dolosas— la referida reforma constitucional poco o nada serviría.

La obligación esencial de los gobernantes de un Estado es la conservación del orden y la seguridad pública, haciendo uso de la violencia física legítima del Estado si ello fuese necesario para lograr tal cometido.

Adolfo Paúl Latorre