Defensor de las Personas, un nuevo puente con la sociedad civil

Más allá del sistema de Gobierno, en democracias consolidadas como la alemana, la española o la francesa han incorporado desde larga data la figura del defensor de las personas. Sus orígenes formales se le atribuyen a la constitución sueca del año 1805 y luego de más de 200 años, la gran mayoría de países miembros de la comunidad europea y en el resto del mundo, han ido incorporando tal institucionalidad.

En Chile, si bien han existido varios intentos legislativos por darle vida a un defensor de las personas local, en la práctica no han llegado a ver la luz, principalmente debido a las dificultades que se han presentado en su tramitación, a la hora de intentar sortear la superposición de funciones que tendría la nueva institución, con órganos o servicios del estado en pleno funcionamiento.

Así es como se ha esgrimido como argumento para no avanzar en la creación de una nueva institución, el que el rol que desempeña el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), concentra buena parte de las atribuciones que en legislaciones comparadas se le ha otorgado al Ombudsman.