Eliminar el INJUV: un retroceso en democracia y derechos de las juventudes

La propuesta de suprimir el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) no es un ajuste técnico: es una decisión política que silencia a más de cuatro millones de jóvenes y desmantela un espacio fundamental para la participación ciudadana, especialmente en regiones como Paillaco, donde la institucionalidad estatal es mínima.

Hablar de “eficiencia fiscal” mientras se elimina la principal plataforma de participación juvenil es un acto de centralismo y negligencia democrática. El INJUV garantiza acceso a formación cívica, liderazgo, voluntariado y emprendimiento, conectando al Estado con juventudes rurales, indígenas, migrantes, mujeres y personas LGBTI+. Su eliminación es un desprecio explícito a quienes sostienen la democracia en el presente y no solo en el futuro.

Desde la perspectiva del derecho constitucional y los compromisos internacionales de Chile —Convención sobre los Derechos del Niño y Declaración de la ONU sobre Juventud— esta medida vulnera el derecho a la participación política, la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación. Reducir o eliminar esta institucionalidad equivale a negar que la voz de las juventudes tiene valor en la toma de decisiones públicas.