Estatizar la luz: cuando la utilidad pública debe prevalecer sobre el abuso privado

En Chile, hablar de la luz ya no es un asunto técnico ni económico: es un problema de dignidad. La electricidad, un bien esencial para la vida diaria, se ha convertido en un espacio de abusos permanentes por parte de empresas privadas distribuidoras que lucran con un derecho básico, transformando lo que debería ser servicio en negocio, y lo que debería ser justicia en sometimiento.

Los constantes incrementos tarifarios, la opacidad en la fijación de precios, las boletas incomprensibles y el castigo a las familias más vulnerables no son hechos aislados: son síntomas de un modelo donde la utilidad privada se ha puesto por encima de la utilidad pública. La luz no es un lujo: es la condición mínima para estudiar, trabajar, cocinar, para que un país funcione y progrese.

La situación reciente en las regiones de O’Higgins y Maule es un ejemplo indignante: tras despedir a la empresa que tomaba los estados de consumo, las cuentas se “aproximaron” a los valores de meses anteriores, generando un aumento exponencial en las boletas de luz. Frente a la molestia de la población, que incluso debió hacer filas interminables en las oficinas, la “solución” ofrecida fue repactar con cargo a las próximas boletas. Un mecanismo que no resuelve el abuso, sino que lo extiende en el tiempo, golpeando con especial crueldad a los más desvalidos, a quienes sobreviven con el salario mínimo o con una pensión insuficiente. Vergonzoso.