Drogas y constitucionalidad
La inconstitucionalidad de la ley 20.000: una hipótesis improbable.
La regulación del Tribunal Constitucional en la nueva propuesta de Constitución Política hace prácticamente imposible que la ley 20.000 sea declarada inconstitucional. Para ello se requerirían los votos de tres cuartos de los miembros del tribunal constitucional y solo “si todas las posibles aplicaciones del precepto cuestionado son inconstitucionales” (art.172 letra f)). Además, el artículo 169 de la propuesta establece que la Corte Suprema deberá proponer a los nuevos candidatos del Tribunal Constitucional – con la posterior intervención del Presidente y el Senado -, con lo cual se pone fin
El día 8 de noviembre cuatro profesores de la Universidad Adolfo Ibáñez – Antonio Bascuñan, Rodrigo Correa,Samuel Tschorne y Javier Wilenmann – manifestaron su preocupación por la posibilidad de que la ley 20.000 sea declarada inconstitucional si se aprueba la Propuesta de Constitución Política en el plebiscito de 17 de diciembre de 2017.
Los profesores toman como punto de partida un fallo de 1984 que resolvía la constitucionalidad de la ley de tráfico de estupefacientes -antecesora de la ley 20.000- a pesar de que esta se remitía a un reglamento para determinar las sustancias que serían consideradas estupefacientes. En dicha ocasión, para interpretar el art.19 n°3 inciso 9 de la Constitución vigente: “Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella” observó que la norma originalmente exigía que “la conducta que se sanciona este expresa y completamente descrita en ella”, con lo cual si el constituyente había retirado la exigencia de descripción completa de la conducta en la ley era porque consideraba aceptable que parte de esta estuviera descrita en otro instrumento jurídico, como lo es un reglamento.
A juicio de estos cuatro académicos, el Proyecto de Constitución Política podría reavivar esta problemática, producto de la redacción de la letra a) del numeral 8 artículo 16: “Ninguna ley podrá establecer penas ni medidas de seguridad sin que la conducta que se sanciona esté precisa y expresamente descrita en ella.” Lo que plantean es que si se contrasta dicha descripción con las exigencias que la propuesta impone al derecho administrativo sancionador (art. 16 n 9) “conductas determinadas en su núcleo esencial por la ley” se llega a la conclusión de que la nueva exigencia de precisión es asimilable a la vieja exigencia de completitud.
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