Diario Constitucional

Regulación inteligente de la IA

La manía de regular todo: Inteligencia Artificial y Derecho

Frente al avance de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico, este artículo aboga por un enfoque regulatorio basado en principios éticos y filosófico-jurídicos, que evite una sobrerregulación contraproducente. En lugar de un catálogo de reglas restrictivas, se propone una regulación inteligente y flexible que promueva la innovación, el acceso a la justicia y la transformación positiva del sistema legal.

Por Felipe Solar·08 de septiembre de 2025·4 min de lectura
Imagen: amnesty.org/es
Referencial

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el ecosistema jurídico ha catalizado un vigoroso y necesario debate en torno a su regulación. Si bien la prudencia legislativa es un pilar del Estado de Derecho, una aproximación apresurada y excesivamente prescriptiva, motivada por una aversión al riesgo, podría paradójicamente menoscabar los mismos principios que busca proteger: la eficiencia, el acceso a la justicia y la equidad. Este artículo propone una reflexión crítica a favor de un marco regulatorio que privilegie la libertad de uso e innovación, articulado en torno a principios éticos y filosófico-jurídicos, en lugar de un cuerpo de reglas casuísticas y restrictivas.

  1. El Potencial Transformador de la IA para el Sistema Judicial

Desde una perspectiva teórica, los beneficios potenciales de la IA para la administración de justicia son transformadores. Autores como Richard Susskind (2023) argumentan que la tecnología no reemplazará a los profesionales del derecho, sino que redefinirá radicalmente sus funciones y los modelos de prestación de servicios. Las herramientas de IA son capaces de realizar análisis predictivos, revisiones documentales masivas (e-discovery) y una gestión procesal automatizada. Esta optimización de recursos no es un fin en sí mismo, sino un medio para un fin superior: la materialización del acceso universal a la justicia, reduciendo costos y tiempos procesales que actualmente constituyen barreras prohibitivas para una vasta porción de la ciudadanía.

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