Evaluación independiente del gasto
Ley de Presupuestos 2026, nadie quiere asumir los costos
En medio del debate presidencial y la presión por consolidar el gasto fiscal, reaparece una antigua deuda del Estado: la falta de un organismo externo que evalúe con independencia la eficacia y eficiencia del gasto público. Sin reformas estructurales, cada nuevo ciclo presupuestario repite los mismos problemas sin soluciones de fondo.

Dentro del Ciclo Presupuestario, todos los años el Presidente de la República por orden constitucional, tres meses antes que empiece a regir debe enviar el proyecto de Ley de Presupuestos, y como es común, previo a una elección presidencial, al no existir la reelección inmediata en Chile, tanto los candidatos de oposición y aún los oficialistas señalan la falta de “liquidez” y la “estrechez” fiscal que quedará para el primer año de gobierno.
En este punto, ante un gasto público desbordado en los últimos años, duplicándose la deuda pública llegando para el 2025 a un 41% del PIB [1], mucho se ha discutido, especialmente entre los candidatos presidenciales sobre una reducción del gasto público y un proceso de consolidación fiscal que reestablezca un balance estructural positivo, toda vez que ha sido negativo para el año 2024 con un 3,3% y se proyecta para el 2025 siga en dichos términos.
La Comisión asesora para la reforma Estructurales al Gasto Público constituida en mayo de 2025 hizo 34 recomendaciones para racionalizar el gasto, señalando que podría dichas medidas generar un ahorro hasta US$2 mil millones anuales, (0,6%PIB) y los candidatos presidenciales han señalado una reducción del gasto fiscal en cifras que bordean en US$8 mil millones en cuatro años (Matthei), disminución por US$6 mil millones en un lapso de 6 meses (Kast) y a lo menos no aumentarlo (Jara).
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