Ley Karin: Oportunidades de mejora para evitar la revictimización.

A ocho meses de la entrada en vigor de la Ley 21.643, conocida como Ley Karin, es necesario detenernos y reflexionar sobre lo que está sucediendo en la práctica con las denuncias relacionadas con el acoso laboral y sexual en el servicio público. En particular, nos referimos a los procedimientos administrativos disciplinarios (P.A.S.) que se aplican en estos casos y cómo, en muchos casos, terminan revictimizando a los denunciantes en lugar de protegerlos.

La Ley Karin establece que los fiscales encargados de investigar las denuncias de Violencia, Acoso Laboral y Sexual (V.A.L.S.) deben tener un grado igual o superior al del denunciado y, preferiblemente, contar con formación en temas de acoso. Sin embargo, en la realidad, estos procedimientos suelen ser llevados por funcionarios de menor rango y sin la capacitación adecuada. Esto genera resoluciones contradictorias: mientras un tribunal laboral puede reconocer la vulneración de derechos fundamentales, el P.A.S. interno desestima los mismos antecedentes, dejando a las víctimas desprotegidas.

Un problema adicional es la invalidación de documentos clave presentados por los denunciantes, como diagnósticos médicos o resoluciones de mutualidades. Por ejemplo, solo el 20% de las calificaciones de enfermedades profesionales emitidas por mutualidades son reconocidas como de origen laboral, lo que agrava la desconfianza en estos procesos. Esta dilación y falta de coherencia no solo revictimiza a los afectados, sino que también incrementa el ausentismo laboral y desvía recursos fiscales hacia investigaciones ineficientes.