Permisología y burocracia minera
Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales: Vamos por más y mejor minería
La Ley Marco de Permisos Sectoriales representa un avance para agilizar la inversión en Chile, especialmente en minería, pero aún queda mucho por hacer. La excesiva burocracia, la permisología descontrolada y la falta de certeza jurídica siguen siendo grandes obstáculos para proyectos estratégicos que podrían transformar la economía nacional.

Por fin algún alivio para la minería. Después de más de un año de tramitación valoramos el despacho de la Ley Marco de Permisos Sectoriales, pero a nuestro juicio no es suficiente para que sea ágil y expedita. Sin duda un hito y punto de partida relevante para solucionar el grave problema de permisología que está frenando la inversión y el crecimiento de nuestra economía. Queda ahora el trabajo de revisar y readecuar los reglamentos de las distintas instancias que hay que incorporar en este proceso, sobre todo por la gran cantidad de servicios públicos que deberán participar, sobre todo insistimos en modernizar y desburocratizar las instituciones del estado.
En términos de impacto en la economía, según el informe del Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial, la reducción del tiempo de tramitación de los proyectos de inversión tendrá impacto económico en dos niveles; en primer lugar, se estima un aumento directo en el PIB derivado de nuevos proyectos de inversión de un de 2,4% en 10 años; además, se espera un aumento en la recaudación fiscal producto del adelantamiento de flujos futuros de proyectos en carpeta, equivalente a un 0,27% del PIB de 2023, mientras que la recaudación por la atracción de nuevas inversiones por una mayor rentabilidad esperada se estima en 0,32% del PIB. Es decir, si se hacen bien las cosas y rápido el impacto es significativo
Respecto a los atrasos en los proyectos, según datos del Observatorio de Tramitación y Evaluación de Inversiones de la Universidad de Chile revelan que, desde 2006, los proyectos presentados al SEIA cayeron un 68% (de 1.536 a 491), mientras que los tiempos de tramitación aumentaron de 114 a 430 días.
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