Crisis de seguridad en la rm
Lo que está sobrepasado.
Se habla de “sacar a los militares a la calle”, no para que enfrenten a los delincuentes, sino para proteger a los Carabineros, como si en la actualidad se pudiera protegerlos sólo por presencia. ¿Acaso se olvida cómo, durante “el estallido”, fueron desafiados e incluso agredidos sin que tampoco hicieran uso de su armamento, salvo en contadas ocasiones y por las cuales quienes actuaron fueron procesados y condenados como simples particulares?
A raíz de la reciente ola de homicidios en la Región Metropolitana, hemos escuchado y leído a muchas personas que, en diversos tonos, representan que habría llegado la hora de poner fin a la delincuencia desatada.
En lo particular, a mí me motivó a referirme a este importante tema una columna de “Rodericus”, donde el autor comienza por calificar lo sucedido como espeluznante, para concluir que “nuestro Estado de Derecho está sobrepasado”. Agrega que la población vive con “temor y temblor”.
Concordando con la frase final y meditando sobre sus dichos he llegado a la conclusión que, si el Estado de Derecho ha sido sobrepasado, es consecuencia de que otros poderes lo han sido.
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Adolfo Paúl Latorre Compartiendo lo dicho por don Humberto, pienso que lo que está sobrepasado es el proceso de persecución política contra los militares, que es llevado a cabo en sede judicial dentro del ámbito de una justicia prevaricadora; persecución que obedece a numerosos motivos u objetivos, siendo uno de los principales el de destruir a las Fuerzas Armadas e «impedir una repetición del 11 de septiembre. Entre las razones que motivan la persecución contra los militares y los carabineros cabría mencionar las siguientes: —El odio y la venganza de los sectores de izquierda, que reconocen en los institutos armados a quienes les impidieron consumar su proyecto totalitario. —Eliminar el previsible escollo que representan las FF.AA. para convertir a Chile en un Estado socialista. —Destruir a las Fuerzas Armadas. Evidentemente no se trata de destruirlas físicamente, sino que moralmente; de neutralizarlas, de hacer que ellas dejen de ser lo que son, que ellas dejen de ser lo que tienen que ser: fuerzas al servicio de la nación y no al servicio del gobierno de turno. —Destruirle a los militares su capacidad moral para volver a intervenir y asumir el poder político en caso de que nuevamente se produjesen en Chile situaciones como la ocurrida en 1973. —Al afán de los políticos por ocultar su incapacidad, fracaso e impotencia, que llevó a Chile al borde del abismo y que puso en peligro intereses vitales de la patria; riesgo del que fue rescatado, precisamente, por los actuales perseguidos. —Al afán de esos mismos políticos por ocultar los éxitos del Gobierno Militar, que logró recuperar la democracia y reconstruir un país en ruinas y al borde de la guerra civil, y lo llevó al umbral del desarrollo. —El sentimiento de rechazo, aversión o repugnancia a reconocer que el gobierno militar fue enormemente exitoso. —Dar un claro y potente mensaje a los militares en servicio activo, y a las futuras generaciones, sobre lo que les podría ocurrir si volviesen a intervenir. —Al aprovechamiento político de quienes piensan que persiguiendo a los militares lograrán captar más votos. —A motivaciones de carácter económico: al rentable «negociado de los derechos humanos» por las millonarias indemnizaciones que reciben los querellantes y las supuestas ‹víctimas› y sus familiares (de las que una buena parte va a parar a los bolsillos de los abogados patrocinantes); indemnizaciones que deben ser pagadas con recursos del erario nacional. Al respecto podemos decir que «el Estado sigue pagando la venganza» —es decir todos los chilenos— lo que constituye un verdadero peculado o malversación de los fondos públicos. Evidentemente no se trata de una destrucción física sino que moral, de manera que las FF.AA. sigan existiendo en la forma, pero dejando de ser lo que son, dejando de ser lo que tienen que ser —fuerzas al servicio de la nación y no al servicio del gobierno; y las garantes, en última instancia, de orden institucional de la República y de la constitución histórica de Chile— con lo cual solo mantendrían la apariencia de tales. Así, las FF.AA., absolutamente sometidas al gobierno de turno —transformadas de órgano del Estado a instrumento del gobierno; en guardias pretorianas del gobierno de turno— no tendrían la capacidad moral para volver a intervenir y asumir el poder político en caso de que nuevamente se diera una situación de violencia, polarización y quiebre del orden institucional como la ocurrida en el año 1973, que ponga en riesgo intereses vitales de la patria y que no haya otro recurso para salvar a la nación; para que nunca más se atrevan, en nombre de la patria, a ejercer el legítimo derecho de rebelión. Lo que se busca es hacer desaparecer en los militares la convicción interior sobre la finalidad de su profesión y, así, someterlos absolutamente al gobernante de turno; de transformarlos en verdaderos autómatas y reducirlos a la condición de instrumentos ciegos en manos de quien tenga el poder. Lo que se persigue es convertir a los militares en funcionarios moralmente neutros, cuyo único oficio consista en el manejo técnicamente eficiente del arma que el Estado pone en sus manos, sin conciencia de cuál es el verdadero sentido de la función militar. Si apreciamos bien la realidad de las cosas, podremos darnos cuenta de que los militares siempre cumplen una función política; sólo varía la forma en que ésta se manifiesta. La finalidad de la institución militar es de índole política. La verdad es que un ejército así no puede servir a la nación. La historia ha demostrado que el convertir a las FF.AA. en el brazo ejecutor de un sector político o social ha dado siempre malos resultados. Si el ejército no tiene conciencia propia y capacidad de opinión, corre el riesgo de convertirse en instrumento de tiranía y de corrupción, como está ocurriendo en un país hermano. De lo que se trata, en definitiva, es destruirle a los militares su capacidad moral para volver a intervenir y asumir el poder político, en caso de que nuevamente se produjesen en Chile situaciones que pongan en peligro intereses vitales de la patria y no haya otro recurso para salvar a la nación, como ocurrió en el año 1973. En estos casos las Fuerzas Armadas se ven forzadas a tomar una decisión moral: ¿a quién obedecerán? ¿al presidente de turno o al mandato constitucional de defender la patria, la soberanía nacional, la democracia y las libertades? Un comentario final: Los militares y carabineros condenados en las causas de derechos humanos, lo han sido vulnerando sus derechos humanos al debido proceso y a la igualdad ante la ley (porque les ha sido aplicado el antiguo sistema procesal penal inquisitorio y no el acusatorio que desde el 16 de junio del año 2005 rige en todas las regiones del país). Ellos son inocentes de los delitos que les han sido imputados, están libres de culpa o exentos de responsabilidad criminal y han sido condenados sobre la base de ficciones jurídicas o por sentencias dictadas contra leyes expresas y vigentes y sin pruebas que acrediten, más allá de toda duda razonable, que realmente cometieron el hecho punible y que hayan tenido una participación culpable y penada por la ley. Por tales razones, todos ellos deben ser indultados o dejados en libertad condicional. Adolfo Paúl Latorre Abogado Magíster en ciencia política Deja un comentario Comentario *
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