Medidas disciplinarias y ciclo electoral: límites jurídicos frente al caso de las licencias médicas

El debate público generado por el uso cuestionado de licencias médicas en el aparato estatal ha reactivado una vieja tensión entre la necesidad de dar respuestas inmediatas ante faltas graves a la probidad y las garantías propias del régimen estatutario que rige a los funcionarios públicos. Desde distintas voces se ha exigido celeridad en la adopción de sanciones como la petición de renuncia o la destitución, en defensa de la fe pública. No obstante, el marco jurídico chileno impone límites concretos al ejercicio de estas atribuciones, especialmente en contextos electorales.

La Ley N° 10.336, que organiza y regula las funciones de la Contraloría General de la República, establece en su artículo 156 una restricción precisa: durante los treinta días anteriores y los sesenta días posteriores a una elección presidencial, las medidas disciplinarias más gravosas ,esto es, la solicitud de renuncia o la destitución, solo pueden ejecutarse si se ha instruido un sumario por parte de la propia Contraloría. Esta disposición busca garantizar que las decisiones administrativas no sean utilizadas de forma instrumental o con fines político-electorales.

A ello se suma que, conforme a los dictámenes N° E64479/2025 y N° E89569/2025, esta limitación no se aplica únicamente a la elección general, sino también a las elecciones primarias legales. En términos prácticos, esto implica que entre el 29 de mayo y el 29 de agosto de 2025, y nuevamente desde el 16 de octubre hasta el 14 de febrero de 2026 (en caso de una eventual segunda vuelta), la administración activa verá suspendida su capacidad ordinaria para desvincular funcionarios mediante mecanismos unilaterales, salvo que intervenga la Contraloría como órgano instructor del procedimiento disciplinario.