Permisología: la tentación dorada del Estado chileno

Como el legendario Rey Midas, el Estado chileno parece convencido de que todo lo que toca —mediante leyes, decretos o permisos— se convierte automáticamente en oro: orden, desarrollo, seguridad. Cree que su sola intervención garantiza resultados virtuosos. Pero, al igual que el rey que transformaba en metal incluso el pan y el abrazo de su hija, el Estado olvida que no todo puede ni debe ser convertido en oro.

El problema no es la regulación en sí, sino su uso irreflexivo, indiferenciado y desproporcionado. La llamada permisología —ese conjunto extenso y engorroso de trámites previos a iniciar una actividad económica— es el síntoma de un sistema donde la técnica jurídica se aplica sin calibrar sus efectos reales. La abundancia de permisos, certificaciones, pronunciamientos y dictámenes no ha significado más seguridad ni mejor protección del interés público. Por el contrario, se ha traducido, muchas veces, en inmovilismo, incertidumbre y desconfianza.

Pero no hay que confundirse, aquí es donde la técnica jurídica sí importa. Porque una concesión no es una autorización, ni ésta una declaración jurada, ni mucho menos un simple aviso. Cada figura tiene una función, un origen y una lógica distinta. La concesión otorga derechos exclusivos sobre bienes públicos; la autorización condiciona el ejercicio de un derecho privado al cumplimiento de requisitos fundados en el interés general; la declaración jurada se basa en la buena fe del administrado y en la fiscalización posterior. Confundir estas figuras o aplicarlas indiscriminadamente, es como intentar resolver todos los males con una sola fórmula dorada: termina dañando lo que se buscaba proteger.