Nuevamente, ¿el cierre de Punta Peuco?

En la reciente cuenta al país, el Presidente Boric anunció que el CCP de Punta Peuco pasaría a ser una cárcel común, lo que en la práctica -según él- significa quitarle el supuesto “privilegio” que por años ha acompañado a ese penal, entregando a Gendarmería de Chile lo relativo a la administración de la nueva segregación que sería objeto dicho recinto carcelario. Esta polémica decisión merece un análisis especial.

Para empezar, y desde la óptica del destinatario de la iniciativa presidencial, en primer lugar, cabe resaltar el perfil criminológico del reo de Punta Peuco, que no es igual al resto de los reos comunes. Por cierto, si bien se les condena por delitos comunes tipificados en el Código Penal, además, se los califica de “lesa humanidad”, básicamente, por haber sido cometidos contra civiles -en ejercicio de sus funciones castrenses- durante el Gobierno Militar. En segundo término, dada la época de los hechos por los cuales se les condena a estos internos, hablamos de personas que en promedio tienen 80 años de edad, en su mayoría con serias enfermedades crónicas, algunas, terminales, existiendo casos extremos -que por mala salud- ameritan salidas alternativas a la pena efectiva, como la reclusión domiciliaria total. Como tercer punto relacionado con el fin de la pena, se trata de individuos respecto de los cuales existe plena certeza que el transcurso del tiempo y las patologías de base que acarrean, los ha convertido en ciudadanos absolutamente inofensivos, no existiendo necesidades de prevención especial, lo cual incide en el acceso a la reinserción social.

Pero, además, el anuncio debe ser visado desde el punto de vista de la política carcelaria y, por cierto, desde la perspectiva criminógena del preso, porque Punta Peuco es un penal -por así decirlo- de mínima seguridad. Resulta impensado en ese lugar la posibilidad de fugas, riñas entre internos, ataques a funcionarios o ingreso de armas, drogas o celulares, por ejemplo. En este sentido, la administración del penal -en el caso de estos reos- se limita a satisfacer -ciertamente, de manera muy deficiente- las “necesidades de salud” de los ancianos, así como proveerles su alimentación básica, más que atender a “riesgos de seguridad” del recinto penitenciario. Conectado a lo anterior, está el hecho que esta cárcel carece de la infraestructura material y humana capaz de satisfacer los requerimientos de una población penal provecta y enferma. De hecho, no existe un médico de planta, ni una ambulancia a cargo del traslado de los enfermos ni tampoco personal de salud de apoyo a los reos que no son autovalentes o lisa y llanamente, minusválidos. Pese a todo ello, los reclusos de Punta Peuco aguantan con temple esta situación.