Postergar la eutanasia es obligar a otros a seguir sufriendo

La discusión sobre la eutanasia en Chile vuelve a quedar entrampada en el Congreso, pese a que se trata de un debate que lleva más de una década y que cuenta con un amplio respaldo ciudadano. Mientras el proyecto avanza lentamente en el Senado, son los pacientes —y no los parlamentarios— quienes siguen pagando el costo de la postergación: dolor, sufrimiento y la negación de decidir sobre el propio final de vida.

Nuestra Constitución reconoce que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que el respeto y promoción de estos derechos es un deber del Estado. Sin embargo, cuando se priva a pacientes con enfermedades graves e incurables de la posibilidad de decidir sobre el final de su vida, se restringe de manera profunda su libertad personal y su autodeterminación corporal. Obligar a alguien a prolongar un sufrimiento que considera intolerable no es una medida neutral: es una forma de intervención estatal sobre la esfera más íntima de la persona.

La eutanasia, tal como ha sido propuesta en el proyecto actualmente en tramitación, no impone conductas ni obliga a terceros a actuar contra su conciencia. Por el contrario, establece un marco regulado, con garantías y controles, que busca compatibilizar el derecho a la vida con el respeto a la voluntad libre e informada de quien enfrenta una condición extrema. Desde esta perspectiva, legislar sobre eutanasia no debilita la protección de los derechos fundamentales, sino que los refuerza, al reconocer que la dignidad no se agota en la mera subsistencia biológica.

Resulta preocupante que la discusión siga siendo postergada por razones ideológicas o morales particulares, cuando el rol del legislador no es imponer una concepción única de la vida buena, sino asegurar que cada persona pueda ejercer sus derechos conforme a sus propias convicciones. En un Estado laico, la ley debe ofrecer opciones, no mandatos morales encubiertos.

Chile ya ha avanzado en derechos que antes parecían impensables, precisamente cuando el Estado entendió que su rol no es tutelar conciencias, sino proteger libertades. En este caso, la libertad de decidir cómo y cuándo morir en condiciones extremas. Seguir dilatando esta ley no es prudencia legislativa; es una falta de empatía y una deuda ética con quienes hoy no tienen tiempo para esperar.

El Congreso debe estar a la altura de una sociedad que, según diversas encuestas, ya zanjó esta discusión hace años. La pregunta ya no es si Chile está preparado para una ley de eutanasia, sino cuánto más estamos dispuestos a hacer sufrir a personas reales por no atrevernos a legislar.

Camila Labiñanza

Estudiante de derecho

Universidad Austral de Chile