Mientras el Gobierno pretendía comprar la casa de Salvador Allende por un “precio justo” de 900 millones de pesos, los chilenos nos enteramos de que, a casi un año del mega incendio de Viña del Mar, solo 8 de las 1133 viviendas afectadas han sido reconstruidas por el Estado.

Por otra parte, Contraloría detectó que Junaeb pagó un “precio justo” de más de 12 millones de pesos por comida, generando sospechas en las licitaciones, pues el organismo no exigió a las empresas el cumplimiento del contrato.

Pero no acaba aquí, pues el órgano contralor también ordenó al Gobierno iniciar sumarios y restituir los recursos perdidos por la campaña del “Gas a precio justo”, pues los galones que se pretendían vender en 15 mil pesos al público tuvieron un costo de 117 mil pesos, generando enormes pérdidas al Estado, pérdidas pagadas por todos los chilenos.

Estas situaciones nos han dejado una gran lección: si el precio justo lo impone el Estado, será el más injusto de los precios.

Tomás Ojeda Aravena

Fundación para el Progreso