Diario Constitucional

Prisión preventiva excepcional

Revocación con criterio: El caso Cathy Barriga.

El cambio en la integración del tribunal fue clave en una decisión que valoró el cumplimiento previo de medidas cautelares y descartó riesgo procesal, destacando la excepcionalidad de la prisión preventiva y su función cautelar, no punitiva.

17 de abril de 2025·3 min de lectura
Imagen: La Tercera
Referencial

Hace algunos días, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, la misma que en tres oportunidades anteriores había resuelto revocar la libertad de la exalcaldesa Cathy Barriga, dio un verdadero “golpe de timón”, adoptando una decisión que, en mi opinión, constituye un giro jurisprudencial necesario y profundamente significativo. Esta resolución, dictada por la sexta sala del tribunal, representa una manifestación concreta de coherencia con los principios rectores del derecho penal moderno y, en particular, con las garantías procesales que resguardan la libertad personal frente al poder punitivo del Estado.

Lo primero que debo señalar al lector, para comprender este cambio copernicano de criterio, es la circunstancia fáctica, no menor, aunque frecuentemente ignorada por el análisis público, del cambio en la integración de los ministros que componen la sexta sala, y que en definitiva conocieron el recurso. En efecto, como es sabido, la conformación de los tribunales colegiados puede variar, cuestión que en esta ocasión ocurrió, obrando la aleatoriedad en favor de las alegaciones de la defensa. Esto se manifestó mediante una resolución jurídicamente razonable y humanamente sensata, que volvió a reconocer la prisión preventiva como excepcional, dejando en claro que esta no puede ni debe operar como una antesala de la pena, ni mucho menos como una forma de castigo anticipado.

El razonamiento expuesto por la Corte en su fallo es, aunque sobrio en su extensión, profundamente revelador en sus fundamentos. En primer lugar, porque los ministros dejan constancia de una realidad que, aunque reiteradamente suele ser invocada por las defensas, rara vez es escuchada por los tribunales, esto es, que “la función cautelar no puede ser confundida con la fase de juzgamiento”. Esta afirmación, contenida en forma literal y expresa en la resolución, permite reafirmar una orientación cardinal que cualquier Estado de Derecho que aspire a respetar el principio de presunción de inocencia debe seguir.

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