El proyecto de ley de “Reglas del Uso de la Fuerza diferenciadas para el control del orden público” son irracionales y contrarias al sentido común, pues deja a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y a las Fuerzas Armadas sin capacidades ofensivas para disuadir, controlar o reprimir a vándalos, anarquistas, guerrilleros, terroristas, subversivos o miembros de la izquierda radical insurreccional que pretenden “quemarlo todo”.

Esta ley, prácticamente, le impediría a los carabineros y militares el uso de armas letales para cumplir las funciones que les son propias, con lo que el Estado estaría renunciando al ejercicio de la violencia física para cumplir su obligación esencial, que es la conservación del orden público; violencia física que es legítima y justa, cuando es aplicada por la autoridad legítima y es adecuada para lograr mediante ella la restitución del orden exigido por el bien común.

Las restricciones impuestas al uso de la fuerza dejarían a Chile prácticamente en la indefensión y le concede amplias ventajas a quienes ejercen la violencia revolucionaria.

Adolfo Paúl Latorre

Abogado