Sentencia previa.

He leído con gran interés, diversas cartas en medios de comunicación sobre los procesos de derechos humanos, llevados adelante por los tribunales de Temuco en relación con sucesos ocurridos entre septiembre y noviembre de 1973. Estas cartas han despertado en mí un profundo sentimiento de empatía y solidaridad, sintiéndome obligado a compartir mi propia experiencia.

Como ex uniformados, nos enfrenamos ante un sistema judicial obsoleto, regido por un Código de Procedimiento Penal del año 1906, que no garantiza el debido proceso legal, un instituto básico en el Estado de Derecho democrático y moderno, y que constituye una verdadera protección de los ciudadanos frente al abuso de poder estatal arbitrario. Pero, además, existe una flagrante infracción al principio de igualdad ante la ley, ya que procesados por hechos ocurridos medio siglo atrás, son juzgados por un sistema inquisitivo, secreto, y escrito, en cambio, el resto de la población, tienen la “suerte” de ser juzgados por un sistema acusatorio, público y oral, compatible con los tratados de derechos humanos modernos (post II Guerra), y que entró en vigencia en nuestro país el año 2000.

Debido a un lamentable hecho punible ocurrido en noviembre de 1973, mientras servía como subteniente en el Regimiento Tucapel de Temuco, fui injustamente condenado en primera instancia a cadena perpetua como cómplice, a pesar de no haber tenido conocimiento, ni participación alguna en dicho suceso.