Ciberseguridad en minería
Ciberseguridad y Transformación Digital en el Sector Minero, nuevos desafíos.
Se promulgó la nueva Ley Marco de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información, bajo el boletín 17.847, en diciembre de 2023. Esta legislación da origen a la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), consolidando administrativamente la materia, y asignando mayores recursos a la protección de la ciberseguridad en nuestro país.
Hace varios años, identificamos tanto la Transformación Digital como la Seguridad de la Información, especialmente el ámbito de la Ciberseguridad, como dos desafíos significativos para la sociedad digital, ningún sector de ella escapa de estos desafíos. Lamentablemente, el sector minero en Chile no ha logrado adaptarse completamente a esta realidad y se enfrenta a desafíos importantes a nivel nacional e internacional.
En respuesta a este escenario, se promulgó la nueva Ley Marco de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información, bajo el boletín 17.847, en diciembre de 2023. Esta legislación da origen a la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), consolidando administrativamente la materia, y asignando mayores recursos a la protección de la ciberseguridad en nuestro país. La ley y la institucionalidad que se crean busca mejorar y ampliar el trabajo del actual CSIRT de Gobierno (Centro de Respuesta a Incidentes), perteneciente al Ministerio del Interior con el objetivo de reducir la incidencia de incidentes digitales y mejorar la respuesta ante aquellos que, pese a los esfuerzos, continúen ocurriendo.
La ANCI será un servicio público descentralizado, con patrimonio propio y carácter técnico y especializado. El director o directora será designado(a) conforme a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública. Esta agencia establecerá protocolos y reglamentos de seguridad, obligando a las instituciones a implementar medidas para prevenir y resolver incidentes de ciberseguridad, protegiendo así sus activos digitales y la información estratégica o confidencial. La ley también impone obligaciones a las empresas mineras, para abordar los incidentes de ciberseguridad y notificar a la ANCI cualquier problema grave de manera inmediata. Además, se fomenta la creación de instancias de coordinación público-privadas más efectivas, contribuyendo así a combatir y resolver incidentes de seguridad de manera más rápida y minimizando los impactos para la sociedad.
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