Uso de armamento policial : ¿Hay sesgo en las instrucciones del Ministerio Público?

Uno de los temas que, según la ley orgánica del Ministerio Público, pueden abarcar las instrucciones de carácter general que dicta el Fiscal Nacional es el “adecuado cumplimiento de las tareas de dirección de la investigación de los hechos punibles, ejercicio de la acción penal y protección de las víctimas y testigos.” (art. 17, a). Su importancia queda de manifiesto en el mismo cuerpo legal, ya que los fiscales regionales están obligados a cumplirlas -y, evidentemente, instruir a los fiscales adjuntos que las cumplan- a menos que las objeten y, en todo caso, están forzados a acatarlas si se trata de actuaciones procesales que no se pueden dilatar u, objetadas, son reiteradas por el Fiscal Nacional.

Sin embargo, no es la única forma desde la que la Fiscalía Nacional influye en el actuar de los fiscales regionales y adjuntos. En efecto, la Fiscalía Nacional también cuenta con unidades especializadas, cuyo director es nombrado por el Fiscal Nacional, y que tienen por función “asesorar a los fiscales que tengan a su cargo la dirección de la investigación de determinada categoría de delitos, de acuerdo con las instrucciones que al efecto aquél les dicte.” (art. 22)

En el ejercicio de esta función de asesoría, la Unidad Especializada en Derechos Humanos lanzó en septiembre de 2024 la “Guía de Diligencias Investigativas. Violencia Institucional, Muertes Potencialmente Ilícitas y Desaparición Forzada de Personas.” Es un documento extenso y bien documentado que hace recomendaciones sobre cómo deben tratar los fiscales a las eventuales víctimas y los supuestos funcionarios victimarios en casos de uso de la fuerza estatal. Sin embargo, nos referiremos -por ahora- sólo a uno de sus puntos problemáticos: la violencia cometida mediante el uso de armamentos de servicio.