Desregulación de permisos
Utilizan la expresión permisología para presionar al gobierno.
Los parlamentarios deben tener mucho tino y prudencia cuando aprueben la ley que, suprimiendo "trabas", facilitará el crecimiento económico, pues está vigente desde hace algún tiempo, la Ley 21.595 que sistematiza los delitos económicos y ambientales, regulando las penas para aquellos inversionistas más ingeniosos que obtienen ganancias adicionales ilegales en sus actividades productivas.

Debido a que en general los particulares, entre otros, arquitectos, abogados e ingenieros, contratados por las empresas que solicitan permisos de edificación en las municipalidades y en otras instancias de la Administración, cuando sus proyectos de inversión, por los impactos que generan, deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), cometen errores en las respectivas tramitaciones, el sector público, como es su deber, se ha visto en la necesidad de objetarlos o rechazarlos.
Es efectivo que las tramitaciones se prolongan en demasía, casi siempre por desconocimiento del sector privado de las diferentes normas existentes, dilación que, por razones obvias encarece los proyectos. Por este motivo, las influyentes asociaciones gremiales empresariales argumentan que el cuello de botella se produce exclusivamente en los distintos servicios públicos que deben dar sus aprobaciones a los mismos. Por lo anterior, el muy bien organizado sector productivo, utilizando el principio de que si se repite la mentira, recordando a Josef Goebbels, finalmente es aceptada como una verdad forzada, puso en el tapete la palabrita permisología, ardid que fue aceptado por todos los ministerios del actual gobierno.
Desde siempre hemos sostenido que los mercados funcionan bien, solo cuando sus actores cumplen las normas y regulaciones, «compliance», utilizando el término en inglés, pero como los negocios son más lucrativos cuando se violan las disposiciones que el Estado se ha dado, es recurrente que muchos tratan de sacar ventajas con ingeniosas interpretaciones que ellos estiman no serán detectadas por la función pública. Pues bien, actualmente se está tramitando un proyecto de ley para que los proyectos sean autorizados con mayor rapidez, por lo tanto eliminándose la «excesiva burocracia» teniéndose presente que todavía está activa en el Ministerio de Economía, sin respaldo legal, la oficina de Grandes Proyectos Sustentables «GPS», creada por Piñera, cuyo único objetivo es acelerar, mediante presiones, los análisis de los proyectos objetados, con la fútil idea de que, por insistencia, puedan ser aprobados.




