CGR determinó que es atribución de cada jefatura superior disponer el trabajo remoto para sus funcionarios, teniendo en especial consideración la necesidad de resguardar la salud de los servidores público.

Se dirigió a la Contraloría General de la República, la Diputada Claudia Mix Jiménez, solicitando un pronunciamiento respecto a la legalidad de la instrucción emanada de la Brigada Epidemiológica de Aislamiento Social (BEAS) del Hospital El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada -dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC)-, que habría ordenado, con fecha 22 de mayo de 2020 y en el contexto de la pandemia originada por el brote de COVID-19, el retorno a las labores presenciales de los funcionarios de alto riesgo y de los que estuvieron expuestos a ese virus. Agrega, que debido a la escasez de elementos de protección, dichos servidores deben volver a sus puestos de trabajo sin más medidas de resguardo que el uso de mascarillas y escudos faciales.

Requerido su informe, el aludido recinto hospitalario expresa, en síntesis, que dicha instrucción no fue materializada, aplicándose, en su oportunidad, las directrices previstas en las resoluciones exentas Nos 403 y 424, ambas de 2020, de la Subsecretaría de Salud Pública. Agrega, que mediante su circular N° 9, de 27 de marzo de 2020, impartió instrucciones para la aplicación del teletrabajo, estableciéndose criterios preferentes para su implementación respecto de los funcionarios de alto riesgo.

A su vez, la Subsecretaría de Redes Asistenciales indicó que los establecimientos que conforman la red asistencial deben sujetarse a las políticas, normas y planes que imparta el Ministerio de Salud y, en el caso, a las medidas sanitarias dispuestas en el contexto de la alerta sanitaria vigente.