CGR dictamina que cuenta con atribuciones para fiscalizar fondos públicos transferidos a corporaciones deportivas de derecho privado.

La Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados consultó a la Contraloría General de la República sobre la legalidad de la entrega de recursos públicos a las federaciones deportivas con intermediación de una corporación de derecho privado, como el Comité Olímpico de Chile y la Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento. Además, solicitó se precisen las obligaciones que poseen dichas corporaciones en relación a la rendición de cuentas, control y transparencia de los recursos públicos que perciban.

Requerido informe, el Ministerio del Deporte expone que las transferencias efectuadas por el Instituto Nacional de Deportes a federaciones deportivas o a las corporaciones referidas se enmarcan en el ejercicio de atribuciones expresamente previstas en la ley, y específicamente, en el marco de los recursos sectoriales contemplados en las respectivas leyes de presupuestos del sector público. Añade que tales transferencias no se efectúan con la intermediación de aquellos entes privados.

En su dictamen, el órgano de control cita el artículo 1º y 2º de la Ley 20.686, que crea el Ministerio del Deporte; los artículos 10, 11, 12, 14, 41 y 44 de la Ley del Deporte; el artículo 2º del Decreto Nº19, de 2016.