CGR dictaminó que en el contexto excepcional de la pandemia por COVID-19, la Subsecretaría de Redes Asistenciales posee facultades para celebrar convenio para asegurar la disponibilidad de camas críticas.

La Subsecretaría de Redes Asistenciales le solicitó a la Contraloría General de la República un pronunciamiento sobre su resolución exenta N° 375, de 2021, por la cual, instruyó la suscripción de Convenios conforme al decreto con fuerza de ley N° 36, entre los Servicios de Salud y las Entidades Privadas de Salud que indica, con la finalidad de financiar con aportes diarios de recursos públicos cada día de camas UCI que dichas Entidades mantengan implementadas, independiente de si esta cama es utilizada o no.

Como antecedente, precisa que el aumento de la disponibilidad de camas de cuidados intensivos en la Red Asistencial ha sido una de las estrategias de salud pública claves en la lucha contra el COVID-19, la que se ha complementado con “la integración de la Red de Salud Público – Privada a nivel nacional”. De este modo, señala que, por su resolución exenta N° 356, de 2020, instruyó «a los prestadores privados de salud cerrados de alta complejidad, duplicar la disponibilidad de camas con ventilación mecánica invasiva”.

Agrega que, posteriormente, mediante su resolución exenta N° 62, de 2021, dispuso el aumento de la capacidad ventilatoria en la Red Integrada COVID-19, por lo que los prestadores privados de salud debieron llegar al 75% de la disponibilidad de camas con ventilación mecánica invasiva producto del mandato de la precitada resolución N° 356.