CGR informó respecto del decreto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en lo relativo a eventuales funciones de policía de funcionarios municipales.

Se dirigió a la Contraloría General de la República, el diputado Gabriel Ascencio, solicitando un “pronunciamiento respecto de la legalidad del decreto anunciado por el Gobierno, el cual otorga mayores facultades de fiscalización a los funcionarios municipales”, en relación con determinadas medidas dispuestas en el contexto del estado de excepción constitucional de catástrofe actualmente vigente, declarado a fin de evitar la propagación del COVID-19.

A juicio del diputado recurrente, las funciones de seguridad pública se encuentran encomendadas a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, y, en condiciones de estado de excepción constitucional, a las Fuerzas Armadas, no pudiendo delegarse a los cuerpos de seguridad ciudadana de las municipalidades.

Al respecto, Contraloría expuso que, como puede advertirse, la modificación efectuada por el decreto supremo N° 203 constituye una reiteración de lo dispuesto en el artículo 7°, N° 5, de la ley N° 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, con la precisión recién indicada, por lo cual esta Contraloría General procedió a tomar razón de este el día 13 del presente, por ajustarse a derecho.