CGR recordó que término al llamado a servicio activo se efectúa mediante la dictación del respectivo acto administrativo debidamente fundado.

Se impugnó ante la Contraloría General de la República –por parte de dos ex Sargentos 1 de reserva llamado al servicio activo en el Ejército- la legalidad de sus ceses, los que, en opinión de esa entidad castrense, se ajustarían a la normativa que rige la materia.

Al respecto, el ente contralor recuerda que, de conformidad a sus dictámenes Nºs 18.055, de 2011 y 53.659, de 2015, el término del llamado al servicio activo se materializa a través de un decreto supremo -que, conforme con lo previsto en el artículo 1°, punto III, N° 2, del decreto N° 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, debe ser emitido por el Ministro de Defensa Nacional, bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República”- en el cual se señalen las circunstancias y el raciocinio que justifica la adopción de aquella medida, el que con arreglo al principio de irretroactividad, contemplado en el artículo 52 de la ley N° 19.880, únicamente surtirá efectos desde su total tramitación, como se sostuvo en los dictámenes Nos 68.985, de 2014 y 92.249, de 2015, de esta procedencia, esto es, desde que se le notifique al afectado.

Luego, en lo que dice relación con los fundamentos para cesar a los recurrentes, la Contraloría indica que de conformidad con lo manifestado en el citado dictamen N° 92.249, de 2015 y en el dictamen N° 18.169 de 2017, el reseñado artículo 56 contempla una atribución discrecional de la pertinente autoridad que le permite determinar la desvinculación de los reservistas llamados al servicio activo cuando lo requieran las necesidades institucionales, de modo que de producirse la eliminación de los afectados por aplicación de la mencionada potestad, el respectivo instrumento satisfaría la exigencia de ser motivado.