CGR se pronuncia sobre legalidad de suspensión provisional para comercializar servicios de telecomunicaciones vía telefónica.

Se solicitó a la Contraloría General de la República -por parte de un particular y una asociación gremial- un pronunciamiento acerca de la legalidad de la resolución exenta N° 2.472, de 2013, por medio de la cual la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) dispuso la suspensión de toda autorización sectorial para la comercialización de servicios de telecomunicaciones a través de sistemas telefónicos de contratación a distancia, por parte de los concesionarios, permisionarios y proveedores de acceso a Internet.

Al efecto, la SUBTEL informó que luego de haber detectado diversas deficiencias en los procedimientos de contratación de servicios de telecomunicaciones por vía telefónica implementados por las empresas del sector -relativas a la inexistencia de medios que dieran cuenta fidedigna de que las personas hubieren manifestado de manera consciente, expresa e inequívoca su voluntad al suscribir por esa vía los respectivos acuerdos de voluntades, así como sus modificaciones-, ordenó la suspensión provisoria de las autorizaciones sectoriales otorgadas para la comercialización de los servicios en comento.

Así, la CGR arguyó que los artículos 6°, inciso primero, y 37, inciso segundo, de la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, y 6°, letras c), g) y k), del decreto ley N° 1.762, de 1977, indican que corresponderá a la nombrada Secretaría de Estado, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la aplicación y control de aquella ley y sus reglamentos, velar por su cumplimiento y por el de las normas técnicas y demás instrumentos que indica, estando facultada, además, para requerir de las entidades que operen en el ámbito de las telecomunicaciones los antecedentes e informaciones necesarios, agregando que el artículo 7 del mencionado decreto estipula que el Subsecretario en el ejercicio de sus funciones podrá adoptar todas las medidas que sean necesarias y aplicar las sanciones, administrativas que se establezcan en la legislación respectiva.