Contratos tecnológicos: oportunidades, riesgos y vacíos legales

1. ¿Qué define a un contrato mercantil tecnológico y qué requisitos debe cumplir para existir y ser jurídicamente válido?

Para empezar, es importante precisar que en la legislación chilena no existe una definición legal nominada del “contrato mercantil tecnológico”. No encontraremos ese término en el Código de Comercio ni en la Ley N° 19.799. Se trata de un tipo contractual atípico e innominado cuya delimitación es puramente dogmática, nacida del principio de neutralidad tecnológica (para evitar obsolescencia conceptual) y de la equivalencia funcional del soporte electrónico.

Desde la dogmática jurídica, un contrato mercantil tecnológico es, en esencia, un acuerdo de voluntades destinado a crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones comerciales. Su particularidad radica en dos aspectos: o bien su objeto versa sobre bienes y servicios tecnológicos (como el desarrollo de software, o licencias SaaS), o bien su perfeccionamiento y ejecución se realizan a través de plataformas, código informático o soportes electrónicos.

Para que este tipo de contratos sea jurídicamente válido en el ordenamiento chileno, debe cumplir copulativamente con los requisitos clásicos del artículo 1445 del Código Civil, pero leídos en estricta sintonía con la Ley N° 19.799 sobre Documentos y Firmas Electrónicas. Esto significa que, en virtud del principio de equivalencia funcional, el consentimiento digital tiene la misma validez que el papel, canalizándose a través de firmas electrónicas simples o avanzadas. A esto debemos sumar los desafíos propios del entorno digital, como asegurar la capacidad legal mediante mecanismos robustos de autenticación, y garantizar que tanto el objeto como la causa sean lícitos, respetando normas imperativas de ciberseguridad, libre competencia y protección de datos.

2. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la contratación tradicional y la digital? ¿Qué ventajas y riesgos presenta cada modalidad?

Aquí debemos destacar que la diferencia fundamental, creo yo, radica en la formación del consentimiento, el soporte probatorio y la intervención humana. Mientras la contratación tradicional se rige por lógicas de presencialidad o correspondencia física, con tiempos de expedición y recepción más pausados, la contratación digital permite un perfeccionamiento desmaterializado y casi instantáneo. En ese sentido, pasamos del instrumento público o privado en papel, a documentos electrónicos cuya inmutabilidad se garantiza mediante criptografía.

En cuanto a las ventajas, el modelo tradicional ofrece una certeza presencial y una pausa reflexiva en la negociación que muchos valoran. Sin embargo, peca a mi juicio, de lentitud, rigidez geográfica y altos costos de transacción. Por su parte, la vía digital reduce drásticamente estos costos, permite un alcance transfronterizo inmediato y facilita la automatización.

Ahora bien, si hablamos de los riesgos del modelo digital, debemos señalar principalmente, las vulnerabilidades de ciberseguridad, como la suplantación de identidad; la asimetría de información en los contratos de adhesión|; y la enorme complejidad para determinar la jurisdicción aplicable cuando ocurren incumplimientos a nivel internacional.

3. ¿Qué beneficios concretos ofrece la contratación electrónica a comerciantes y empresas?

Para las empresas, esto se traduce en un vector decisivo de competitividad. Hablamos de una eficiencia operativa tremenda al eliminar el papel, los trámites presenciales y el bodegaje físico, lo que reduce el tiempo de comercialización y permite cerrar negocios en minutos.

Además, otorga una escalabilidad global deslocalizada, permitiendo a pymes y grandes corporaciones formalizar relaciones comerciales internacionales sin requerir presencia física. Desde el punto de vista del compliance y la probatorio, el uso de firmas electrónicas avanzadas y sellos de tiempo garantiza registros inalterables y auditables. Por último, facilita la continuidad del negocio al integrar directamente la fase contractual, por ejemplo con los sistemas de facturación del SII, inventarios y pasarelas de pago.

4. ¿La legislación chilena regula adecuadamente los contratos mercantiles tecnológicos o existen vacíos que requieren una reforma?

Como mencioné anteriormente, si bien Chile ha avanzado significativamente mediante un marco de «tecnología neutra», destacando la Ley 19.799, la reciente Ley Marco de Ciberseguridad y la modernización de la Ley de Protección de Datos (sin perjuicio que esta de momento se haya pospuesto en cuanto a su entrada en vigencia) que nos acerca al estándar europeo, aún enfrentamos vacíos dogmáticos e institucionales que exigen reformas urgentes.

Por ejemplo, las reglas de formación del consentimiento del Código de Comercio fueron pensadas en 1865 para cartas y mensajeros. Resultan desfasadas frente a la contratación mediante algoritmos o Inteligencia Artificial autónoma; necesitamos regular expresamente la teoría de la recepción automatizada, sin mencionar que carecemos de una regulación expresa sobre la responsabilidad civil derivada de errores de código o “bugs” en contratos automatizados, y nos falta un régimen claro para las garantías constituidas mediante activos digitales o tecnología blockchain.

Aunque, sin ir más lejos, si miramos el escenario internacional, por ejemplo el deEspaña (Ley 34/2002 LSSI-CE) y las Directivas de la Unión Europea (como la Directiva UE 2019/770), constatamos que la tendencia internacional no ha sido crear un único código para el ‘contrato tecnológico’, sino modernizar las reglas sustantivas del comercio.

5. ¿Qué son los contratos inteligentes o smart contracts y qué aplicación práctica pueden tener en el derecho comercial chileno?

Es importante aclarar que un smart contract no es, por sí solo, un contrato en el sentido sustantivo que le da nuestro Código Civil. Se trata más bien de un protocolo informático autoejecutable, desplegado generalmente sobre redes blockchain, que cumple automáticamente con prestaciones predefinidas cuando se verifican ciertas condiciones fácticas. En ese sentido, para que tenga valor jurídico vinculante en Chile, el consentimiento de las partes debe preceder a la programación; es decir, el código es el mecanismo de ejecución, pero el acuerdo subyacente es la fuente de la obligación.

En la práctica chilena, esto tiene aplicaciones fascinantes. Pensemos en seguros paramétricos agrícolas (rubro muy importante en nuestro país), que liquidan siniestros automáticamente al verificar inclemencias climáticas; en el comercio exterior, liberando pagos internacionales cuando la aduana confirma electrónicamente la recepción del embarque; o en contratos de garantía digital, donde los fondos se liberan de forma automatizada solo cuando se certifica el cumplimiento de hitos en un proyecto.

6. ¿Qué cláusulas no deberían faltar en un contrato mercantil digital para proteger eficazmente a las partes?

Para blindar jurídicamente a las partes en este entorno, hay estipulaciones que considero imperativas.

Primero, una cláusula de prevalencia del texto legal sobre el código: si usamos automatización, debe quedar claro que la voluntad expresada en lenguaje natural prima sobre cualquier error de programación o “bug”.

Segundo, es vital definir los Niveles de Servicio y delimitar la responsabilidad, excluyendo idealmente el lucro cesante o daños indirectos.

Tercero, no pueden faltar protocolos estrictos de seguridad de la información, estableciendo plazos inmediatos de notificación ante brechas de datos. Todo esto debe ir acompañado de cláusulas robustas de compliance en protección de datos personales y, de manera crucial para evitar conflictos futuros, una cláusula clara de elección de ley aplicable, y competencia.

7. ¿Cuál es el mecanismo más adecuado para resolver controversias derivadas de contratos mercantiles tecnológicos: tribunales ordinarios, arbitraje, mediación o sistemas digitales especializados? ¿Por qué?

Creo que aquí hay que ser categóricos y debemos señalar, que los tribunales ordinarios están prácticamente desfasados para resolver litigios de la economía digital. Llevar una disputa sobre desarrollo de software, servicios en la nube o ciberseguridad a un juicio civil ordinario implica exponerse a procesos de cuatro o cinco años, ante jueces que carecen de especialización técnica y bajo un procedimiento público que vulnera el secreto comercial e industrial de las empresas.

En Chile, la opción más adecuada y eficiente es el arbitraje comercial institucional especializado, como el que ofrece el CAM Santiago, estructurado a través de “cláusulas escalonadas”. Esto significa que las partes acuerdan resolver primero sus diferencias mediante una mediación técnica o negociación directa entre sus equipos tecnológicos para mantener la continuidad del servicio; y, si no hay acuerdo, someterse a un árbitro experto en Derecho de las Tecnologías de la Información, cuya resolución es confidencial, rápida y vinculante.

Si miramos el escenario internacional, esta es precisamente la regla general. En mercados maduros como Estados Unidos y Silicon Valley, la práctica estándar (“SVAMC”) prohíbe ir a la justicia ordinaria y exige negociación ejecutiva directa, mediación e integración de plataformas de resolución de disputas en línea (ODR).

Por su parte, en Europa y España (al amparo del marco normativo del BOE y la LSSI-CE), se ha potenciado el uso de los Medios Adecuados de Solución de Controversias y la figura del “Árbitro de Emergencia”, capaz de dictar medidas cautelares en cuestión de horas para evitar la desconexión de un servidor o el uso indebido de datos.

En conclusión, el desafío para el foro jurídico chileno no es solo litigar mejor, sino aprender a redactar cláusulas contractuales inteligentes que eviten la parálisis del negocio tecnológico