El debate legislativo sobre las granjas de bots y la desinformación electoral en Chile

1. En el debate legislativo se plantea que el objetivo no es censurar opiniones, sino proteger al electorado del «falseamiento deliberado de la realidad social». Desde el punto de vista técnico-jurídico, ¿cómo se define adecuadamente el límite entre una campaña digital legítima y un «comportamiento inauténtico coordinado» sin caer en ambigüedades normativa?

El primer gran problema al que nos enfrentamos al intentar regular estos fenómenos es la dificultad de trazar una frontera clara entre las conductas permitidas y las prohibidas. Para resolverlo, se requiere adoptar previamente una posición acerca de qué es, precisamente, lo que hace que estas conductas resulten socialmente indeseables.

¿Es reprochable presentar una realidad distorsionada? La publicidad hace algo similar y, en ciertos casos, ello se interpreta como una manifestación del denominado “dolo del buen comerciante”. Si lo censurable es el uso de sistemas automatizados, cabe preguntarse si su empleo sería igualmente relevante para el derecho cuando lo difundido es verdadero, no resulta dañino o constituye una mera sátira. Por otra parte, ¿cómo puede cuantificarse adecuadamente el daño causado para asegurar que la respuesta jurídica sea proporcional? Finalmente, y esto resulta aún más complejo, ¿limitar estas redes implica, de alguna manera, restringir la libertad de expresión de quien las contrata, las opera o determina el contenido de sus mensajes? Pues si lo es, la regulación de estas conductas debe ser aún más cuidadosa para no limitar indebidamente derechos fundamentales esenciales del sistema democrático.

Responder a todas estas preguntas exige un desarrollo teórico previo a la formulación de cualquier iniciativa legislativa.

2. El proyecto de ley contempla penas privativas de libertad e importantes multas para quienes operen o financien estas redes. ¿Consideran que la vía penal es proporcional y efectiva para desincentivar estas prácticas, o se corre el riesgo de hiperregular el espacio digital?

La hiperregulación del discurso conlleva un peligro severo de censura colateral, que es más grave cuando la expresión se ejerce en cuanto participante del debate político. Por ello es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto permanentemente que el discurso público y la libertad de expresión deben ser protegidos como condiciones esenciales de la democracia, y la vía penal debe ser siempre la última de las alternativas posibles, aplicable solamente en defecto de todas las demás.

3. ¿De qué manera se puede fiscalizar y sancionar el uso de bots automatizados sin vulnerar garantías constitucionales como el derecho a la libre expresión o el anonimato legítimo en internet?

La automatización y el uso de bots pueden ser legítimos, por lo que su sola utilización no debería constituir una infracción. Lo jurídicamente relevante sería su empleo para simular apoyo ciudadano, ocultar la identidad de quienes dirigen una campaña o amplificar engañosamente determinados mensajes. Fiscalizar su uso adecuado requiere distinguir entre coordinación y automatización: un conjunto de cuentas administradas por personas reales puede actuar coordinadamente, mientras que un bot puede operar de manera aislada. Existen herramientas capaces de detectar indicios de automatización, pero estas técnicas entregan resultados probabilísticos y pueden confundir una red automatizada con una campaña legítimamente organizada. Una fiscalización adecuada tendría que combinar distintos indicadores, incorporar una revisión humana y permitir que los afectados controviertan sus resultados. Además, las mismas plataformas cuentan con información técnica que no está disponible públicamente y que puede contribuir a determinar si existe automatización, por lo que la regulación de las plataformas también facilitaría la fiscalización de estos fenómenos.

4. La legislación actual regula el gasto en propaganda en plataformas convencionales, pero el uso de redes inauténticas suele operar en la opacidad o desde el extranjero. ¿Qué vacíos legales existen hoy en la Ley de Control de Gasto Electoral (Servel) frente a la contratación indirecta de estos servicios?

En esta materia, más que una ausencia total de regulación, existe una brecha entre la amplitud de las normas y las posibilidades reales de fiscalización. Actualmente las redes sociales y plataformas digitales deben informar al Servel la identidad y los montos de quienes contratan propaganda electoral. Sin embargo, estas reglas funcionan respecto de contrataciones publicitarias formales y visibles. Las redes inauténticas pueden operar mediante agencias de comunicaciones, empresas de análisis de datos, administradores de cuentas o proveedores de automatización cuyos servicios se presentan contablemente bajo categorías generales, por lo que el pago efectuado por la candidatura puede no reflejar la naturaleza concreta del servicio finalmente prestado. A ello se suma el problema territorial. Cuando el proveedor, el intermediario o quien financia la operación se encuentra en el extranjero, las facultades del Servel para obtener información y hacer efectiva una sanción resultan limitadas.

La legislación todavía no ofrece mecanismos suficientemente específicos para reconstruir la cadena completa de contratación, identificar al beneficiario final y distinguir entre una manifestación política autónoma y un servicio encubierto contratado en favor de una candidatura.

5. Identificar la autoría intelectual detrás de una granja de bots implica peritajes informáticos complejos, el rastreo de direcciones IP y la cooperación internacional con grandes plataformas informáticas. ¿Está el sistema de justicia chileno (Fiscalía y policías) preparado operativamente para investigar este tipo de delitos informáticos con la celeridad que exige una campaña electoral?

Aquí habría que ser especialmente cuidadosos, porque no parece suficiente acreditar que una campaña se benefició de una red de cuentas automatizadas para atribuir responsabilidad penal a una empresa, agencia o partido político. Entre beneficiarse de una conducta, conocer su existencia y haberla encargado deliberadamente existen diferencias relevantes desde el punto de vista jurídico. Si se opta por la vía penal, debería acreditarse al menos una vinculación suficientemente clara entre la decisión de contratar, financiar u organizar la red y la finalidad específica que el legislador considere ilícita. De lo contrario, existe el riesgo de construir una forma de responsabilidad prácticamente objetiva a partir del solo beneficio electoral obtenido. Además, tratándose de personas jurídicas, la imputación plantea un segundo nivel de dificultad: habrá que determinar qué decisiones organizacionales, incumplimientos de deberes de supervisión o actuaciones de personas naturales permiten atribuir el hecho a la organización. Mientras más grave sea la sanción, mayor debe ser la exigencia de precisión tanto en la descripción de la conducta prohibida como en la prueba de su imputación.

6. Ante la dificultad de tipificar y probar estos delitos en sede penal a tiempo antes de una votación, ¿debería ponerse el foco prioritario en sanciones administrativas expeditas (como la descalificación de candidaturas o multas al partido) o en el derecho penal?

Probablemente existe una diferencia importante entre contar con capacidades para investigar delitos informáticos y poder hacerlo dentro de los tiempos extremadamente breves de una campaña electoral. Una investigación penal puede requerir peritajes, órdenes judiciales, identificación de responsables, obtención de información desde plataformas y, en ciertos casos, cooperación internacional. Aunque todos esos mecanismos funcionaran correctamente, sus tiempos difícilmente coincidirían con los del proceso electoral. Una elección puede celebrarse antes de que siquiera se haya determinado quién estaba detrás de una determinada operación digital. Por eso me parece problemático depositar en el derecho penal la principal respuesta frente a este fenómeno. El proceso penal puede ser necesario para determinar responsabilidades posteriores cuando se trate de conductas suficientemente graves, pero difícilmente puede ser el único instrumento destinado a proteger la integridad del debate durante una elección. La respuesta regulatoria debe incorporar también mecanismos preventivos, obligaciones de transparencia y procedimientos suficientemente rápidos para operar mientras la afectación todavía puede ser corregida.