1. A raíz de una reforma constitucional que modificó los artículos 15 y 18 de la Carta Fundamental, en el año 2012 debutó un sistema de voto voluntario. Sin embargo, en esta ocasión sólo el 40% de los habilitados para sufragar llegaron a las urnas, y esta baja participación electoral siguió teniendo lugar en las elecciones siguientes. Considerando esto, ¿cree Ud. que la voluntariedad del sufragio acarrea una crisis de legitimidad de nuestra democracia?

A pesar de que los números resultan concluyentes respecto al impacto que tuvo en nuestro país la implementación del binomio “inscripción obligatoria/voto voluntario”, creo que la crisis democrática que sobrelleva nuestro país tiene raíces más profundas y van más allá de la mera implementación de este mecanismo. De hecho, cuando se proyectó esta modificación también se tuvieron a la vista datos que la justificaban. Es de público conocimiento que la población en Chile envejece a mayor proporción que el número de nacimientos en los últimos 30 años[1]. Con la vigencia del sistema anterior, el padrón electoral se encontraba “congelado”, dado que, solo una minoría de jóvenes concurría voluntariamente a inscribirse para sufragar. De esta manera, se analizó con inquietud la forma en que el padrón electoral disminuía cada año. Por esta razón, se propició un sistema que permitiera un ingreso fluido de nuevas inscripciones al padrón, con la prevención de que las personas tuvieran la opción de hacer valer en conciencia esta facultad-deber.

Por otro lado, así como existen datos para justificar la baja notable de participación en las votaciones en las últimas décadas, existe también respaldo para indicar cómo reacciona la ciudadanía en las urnas ante la inminencia de cambios relevantes y la irrupción de posibles cambios al orden institucional. Al verificar las estadísticas del SERVEL aparece con claridad cómo en el plebiscito constitucional de 2020 votó más del 50,9% del padrón y en la segunda vuelta presidencial de 2021 alcanzamos el 55,6%, revirtiendo la pendiente a la baja verificada en las elecciones presidenciales de 2013 (41,9%) y 2017 (49%). Si bien estos números siguen siendo bajos, se refleja con claridad que la existencia de un sistema de voto voluntario no constituye fuente en sí mismo de la eventual crisis de legitimidad que vive nuestra democracia, sino que surge como consecuencia de la misma.

Cuando las personas dimensionan que su voto puede impactar en el escenario público, los datos demuestran que concurren activamente a las urnas.

2. ¿A qué se debe la baja participación electoral con el sistema de voto voluntario?

Mi percepción es que la abstinencia electoral se produce por otros factores, como la desinformación, el desinterés generalizado o porque existe la sensación de que quien esté ejerciendo el mandato de representación, en cualquier grado, no cambiará o mejorará realmente las cosas.

El mejor ejemplo es el que indiqué respecto a las votaciones verificadas para el plebiscito de 2020 y la presidencial de 2021. ¿Cómo explicamos eso? Claramente porque la ciudadanía se empodera del voto y lo entiende como quizás el único mecanismo capaz de girar la inercia institucional ante sus expectativas de vida.

La señal es clara. La baja participación electoral no se debe a que per se exista un sistema en que se nos imponga la obligación de hacer algo, sino más bien ante la percepción de que también es posible realizar cambios utilizando las vías institucionales. Esta opción se nos abre al comprender mejor la importancia que adquieren los denominados “deberes cívicos”.  Atendiendo a lo anterior, las malas decisiones respecto a la baja conciencia política de los habitantes de nuestro país y la escaza cultura cívica que manifestamos como sociedad se remontan mucho antes a que se elimine el voto obligatorio, quizás en la erradicación de la asignatura de educación cívica podríamos encontrar un primer germen de que no se está enfatizando en educar y empoderar a la ciudadanía en su relación con el Estado.

Por otro lado, en Chile nos hemos acostumbrado a la doctrina “del garrote y la zanahoria”, esto es, somos capaces de actuar sólo cuando existe una sanción o una recompensa de por medio, lo cual, en ocasiones resulta pragmático, pero a largo plazo termina generando precisamente lo que se pretende erradicar en todo sistema democrático, esto es, que los ciudadanos participen en la vida pública, pero bajo el temor de las eventuales consecuencias o solo en busca de potenciales beneficios.

Es muy probable que con un sistema de voto obligatorio efectivamente aumente la votación, pero sin conciencia de lo que esto realmente significa. Votar por el premio o por la sanción que podría acarrear es más propio de un sistema absolutista que de uno democrático, como al que aspiramos.

3. Según su opinión, ¿es importante que se mantenga la voluntariedad del voto?

Si, por supuesto, en la medida en que vaya acompañado de otras acciones positivas tendientes a seducir a la ciudadanía sobre la importancia de su rol en las decisiones públicas. Asimismo, es importante que nuestros representantes ejerzan su función de cara a la ciudadanía, con probidad y transparencia, con énfasis en el mandato que les entregan las personas.

La tendencia mundial hoy en día es que los sistemas de voto obligatorio vayan en retirada. Según el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), sólo 27 países mantienen un sistema de voto obligatorio, de ellos, 10 son de Latinoamérica, lo cual, es un indicador potente respecto a que el fenómeno de la obligatoriedad va de la mano con la baja cultura cívica, el desarrollo e importancia que como Estado se les entrega a los temas públicos.

Volver al sistema de voto obligatorio implica un retroceso importante, lo cual, nos va a privar de la inmejorable oportunidad de empoderarnos como sociedad y de revertir el sesgo negativo que se le asigna a la actividad política. Esto es un proceso, que no se producirá de la noche a la mañana, pero sobre el cual podemos avanzar si es que nos enfocamos en el problema real y no el aparente.

Por otra parte, como sociedad hemos normalizado una especie de lógica binaria en que solo se permite optar por opciones impuestas, esto es, “blanco o negro”, “bueno o malo”, sin considerar a aquellas personas que no se sienten representadas con estas alternativas. En ese sentido, hay que comprender que no pronunciarse respecto a algo también constituye una opción e, igualmente, implica un dato interesante que debe analizarse por quien corresponda.

En todos los análisis post elecciones se menciona el factor del “voto de los indecisos” o el rol de aquellos que no concurrieron a votar, lo cual, ha terminado definiendo elecciones. Desconocer su importancia también puede alterar nuestra percepción al respecto.                       La línea de acción no está en obligar a quien no desea hacerlo, sino en buscar las tácticas para encantar al electorado y que, bajo la lógica de la comprensión y la voluntariedad, se promueva un voto informado, consensuado y responsable.

4. El borrador de la Nueva Constitución establece en su artículo 56 que “En las votaciones populares, el sufragio será universal, igualitario, libre, directo, secreto y obligatorio para las personas que hayan cumplido dieciocho años. Su ejercicio constituye un derecho y un deber cívico.”, y además, en su inciso segundo, establece que “El sufragio será facultativo para las personas de dieciséis y diecisiete años de edad.”. De acuerdo a esto, ¿considera Ud. que un sistema mixto de participación electoral es lo que necesita nuestro país? ¿Está de acuerdo con esta disposición, que consagra tanto la voluntariedad como la obligatoriedad del voto?

Las sociedades han avanzado y los jóvenes han demostrado que pueden participar activamente en el quehacer público. No podemos desconocer que gran parte del momento socio político actual se debe al impuso de los movimientos estudiantiles. En dicho sentido, adelantar la posibilidad de votar a los 16 años implica reconocer que las nuevas generaciones presentan inquietudes y deseos expresables regularmente y en conciencia.

Esto debería traer beneficios en la toma de decisiones públicas y me parece que nos coloca en una excelente posición hacia lo futuro, en la medida en que vaya de la mano con el fortalecimiento de los demás aspectos enunciados.

Respecto a la convivencia de un sistema de votaciones mixto, esto es muy propio de la cultura nacional. Podríamos enunciar múltiples ejemplos de instituciones exitosas en otros ordenamientos que no aplican del mismo modo en Chile. Acá siempre agregamos un “ingrediente extra” o “chilenizamos” las instituciones y sólo cuando comienzan a funcionar detectamos los detalles.

A primera vista me queda la impresión de que le estamos diciendo a los jóvenes de 16 años que los invitamos a la fiesta de la democracia, pero solo hasta las diez de la noche. De ahí en más comienza el horario para adultos. En otras palabras, se considera relevante que comiencen a participar de la vida política, pero solo si lo desean, porque el voto “realmente importante”, el que deseo custodiar y proteger, es el de los mayores de edad. No me parece correcto aplicar distinciones respecto a un fenómeno democrático tan relevante.

Consistentemente con lo que expliqué más arriba, creo que la nueva Constitución o, en caso de que ésta se rechace, las leyes que regulen posteriormente el sistema de votación,  debería optar por un sistema de votación único, universal, paritario y voluntario, sin distinciones.

5. El 4 de septiembre del presente año se realizará un plebiscito de salida en nuestro país, que nos abrirá el camino hacia el rechazo o la aprobación de una nueva Carta Fundamental. Ante un eventual rechazo de la Nueva Constitución, y según su criterio, ¿este escenario significaría un retroceso en la participación electoral?

No, para nada. Hay que separar dos puntos. Si es que el proyecto de nueva Constitución resulta rechazado será porque las personas se han sentido poco representadas por el nuevo texto, aun cuando éste haya sido concebido a través de un procedimiento democrático, que es uno de los aspectos más criticados del texto actual. Por lo demás, el plebiscito de salida fue concebido como una instancia en que nadie puede restarse y, por ende, consigna voto obligatorio en su ejecución, lo cual, no se condice con permitir que cada persona pueda optar por la opción que mejor interprete su proyecto de vida, donde la opción de no pronunciarse también es totalmente válida y debiese normalizarse en una sociedad que aspira al desarrollo.

6. ¿Considera que una educación cívica de calidad debiera ser anterior a la consagración del voto obligatorio?

Si, de todas maneras. En mi opinión el fenómeno de la desconexión ciudadana con lo público es multifactorial y ciertamente varios dardos apuntan a que no dispongamos de educación cívica en los colegios. Ahora, tampoco podemos cargar todo el peso de nuestro poco interés cívico en las decisiones que adopta el Estado. También es muy importante lo que hacemos en casa, en el trabajo, con la familia, con los amigos, al promover información y cultura cívica regularmente, lo cual, es muy frágil en nuestro país.

Sería muy positivo que nuestros gobernantes puedan replantearse la formación cívico-política de las personas, sobre todo los/as estudiantes. No obstante, existen más factores en los que avanzar para incentivar a las personas a participar. Por ejemplo, y de la mano con la “transformación digital del Estado”, debería proyectarse un sistema de votaciones más moderno y rápido, que implique aminorar las filas y tiempos de espera. SERVEL está trabajando para mejorar la coordinación y coincida el lugar de votación de las personas con su domicilio, lo cual, ha sido determinante al momento de desincentivar la concurrencia a los locales de votación.

Nuestro país es un ejemplo mundial respecto al procesamiento de datos y definición de resultados de elecciones dentro de la misma jornada. Esto podría proyectarse también a las demás etapas del procedimiento y así propiciar el que asistir a votar sea algo que hagamos con gusto y en conciencia y no sólo por temor a la eventual sanción.

Si se analiza lo que se vivió en el plebiscito de 2020, al verificarse grupos de personas manifestándose en las afueras de los recintos de votación a los que no se les había permitido votar por llegar fuera de los horarios establecidos. Causó impacto el fervor de las personas para que se les permita votar, pero por otra parte queda la sensación de que tenemos mucho por avanzar en ese sentido. En países desarrollados como Nueva Zelanda o Australia el sistema electoral se basa en la confianza que tienen los ciudadanos hacia el Estado y se extiende por varias jornadas. Las personas pueden concurrir cuando lo estimen a cualquier servicio público a manifestar su voto. En Chile, en el mismo plebiscito de 2020, las votaciones se realizaron en dos días consecutivos y hubo que desplegar a la fuerza militar para custodiar los votos y evitar fraudes. Finalmente, se trata de un tema de confianza entre el ciudadano y el funcionamiento de sus instituciones.

Por otro lado, reestablecer un sistema de voto obligatorio implicaría establecer plazos y procedimientos para que las personas puedan excusarse, lo cual, no solo genera una carga para los individuos, sino también para el Estado. Sería más práctico dirigir todos estos esfuerzos en modernizar y optimizar nuestro sistema actual y evitar volver a otro que implique destinar recursos en control y fiscalización y no en la consecución del objetivo pretendido.

7. Rechazándose el borrador de la nueva Constitución, ¿cree Ud. que en este caso se tiene que aprobar el proyecto de ley que consagra el voto obligatorio?

No, creo que estos temas igualmente deben abordarse por separado. En mi postura, volver al voto obligatorio implica retroceder y poner todos nuestros esfuerzos en un punto en el que no se soluciona el problema. Si queremos avanzar hacia el desarrollo el camino es educar y concientizar a la ciudadanía, lo cual, no va en línea con las cargas que impone el voto obligatorio.

Quienes defienden el voto obligatorio sostienen su postura en que el voto voluntario es elitista, en la medida en que solo acuden a las urnas aquellos que han podido formar su conciencia política y, de esta forma, adoptar una postura. Este argumento confunde voto elitista con voto informado, en la medida en que entiende que la información es un privilegio y no un derecho.

Por otra parte, el voto obligatorio permite mantener vicios de los cuáles se usufructa por la clase política, como, por ejemplo, el acarreo, el traslado de votantes, etc, de acuerdo a los cuáles las personas no necesariamente votan por lo que prefieren, sino que por quién o qué se ofrece. Los partidos políticos utilizan y conocen estas técnicas, por lo cual, no encuentran un buen aliado en el voto voluntario, por lo que es natural que sean los principales impulsores de volver al sistema anterior.

8. ¿Cree Ud. que la obligatoriedad del sufragio afecta a la libertad individual?

Vivir en sociedad implica poder hacer consciencia en que tenemos la opción de desarrollar nuestros proyectos y vivir armónicamente, no obstante, esto implica ceder parte de nuestra autonomía y ajustarnos a normas de convivencia básicas. De esto se trata el pacto social. Objetar cada vez que el Estado imponga conductas a las personas, con miras al bien común, podría hacernos llegar al extremo de cuestionar, por ejemplo, la existencia de los impuestos. En esta línea, no soy de la idea de que imponer un deber cívico implique afectar la libertad individual en su esencia, dado que diariamente nos sometemos a lineamientos del Estado que implican ceder parte de autonomía en favor del interés general.

Lo más importante es promover un cambio de enfoque respecto a este tema y que las personas puedan comprender la importancia de participar en las decisiones públicas y mantener una vida política estable, en que el ciudadano se vincule con el Estado de forma saludable, sin trabas ni vicios. La clave está en promover más cultura cívica, más educación e información, en limitar las malas prácticas y en modernizar nuestros procedimientos, entre otros aspectos ya enunciados.

[1] Se proyecta para 2035 que el 18,9% de la población sean adultos mayores. (aprox. 3.993.821 personas)