Reflexiones sobre las bases de la institucionalidad, en el marco del Proceso Constituyente.

Pensar la nueva Constitución, junto con la redacción técnica-jurídica de sus normas, implica una profunda definición conceptual, no elaborada exclusivamente a la luz del clamor popular, o bajo los intereses exclusivos del órgano constitucional, más bien implica una revisión intelectual profunda respecto de la raíz histórica de nuestra comunidad nacional y del impacto material de su hermenéutica legal sobre el sobre el ya escriturado universo normativo en ejercicio. Así, plantearnos inicialmente el problema de las bases de la institucionalidad, tiene un efecto sustancial en el marco declarativo que se espera de un documento fundacional como la Constitución Política.

Podemos establecer con ciertas claridades que el poder constituyente, que emana de la voluntad soberana de los ciudadanos, permita que los conceptos centrales por los que se deba entender el complejo entramado normativo tengan, a su vez, cierta transparencia conceptual que permita entender qué tipo de país, de economía, de familia, de gobierno, entre muchos otros, queremos.

La Constitución actual, en su capítulo I es rica en declaraciones valóricas y doctrinales respecto a las orientaciones que el ordenamiento jurídico requiere, por ende, fija también los principios que debe seguir el intérprete constitucional. Ahora bien, dicho flujo conceptual no es tarea de una declaración casual ni antojadiza, por el contrario, reviste un proceso reflexivo en que la capacidad de articular significados pueda permear históricamente los intereses colectivos de una comunidad.