Opinión.
Pablo Alarcón Jaña, profesor de la Facultad de Derecho de la UFT: » No se analizó con suficiente detención el funcionamiento del Gobierno Regional, considerando en conjunto el Gobierno y Administración del Estado».
El hecho que sea elegido el Gobernador Regional sólo puede ser considerado un avance en cuanto a la democratización en el proceso de designación de autoridades, pero en sí no aporta nada a mejorar el Gobierno Regional.

En una entrevista realizada a Pablo Alarcón Jaña, profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, damos a conocer su opinión respecto a si las atribuciones que tendrán los Gobernadores Regionales son las adecuadas para el cumplimiento de los fines que persigue la reforma constitucional; posibles conflictos que podrían darse entre los Gobernadores Regionales, los Intendentes de la Región y el Gobierno Central; si contribuirán a la descentralización del país; sobre los tributos que se recaudan, entre otros temas.
1. ¿Cree Ud. que las atribuciones asignadas a los Gobernadores Regionales son las adecuadas para el cumplimiento de los fines que persigue la reforma constitucional que los creó?
La Ley N°20.990 modifica el capítulo XIV de la Constitución Política sobre Gobierno y Administración Interior del Estado. En cuanto a la administración regional, modifica la composición del Gobierno Regional, e incorpora la figura del Gobernador Regional -sustituyendo al Intendente-, el cual será elegido por votación popular, y será el órgano ejecutivo del Gobierno Regional. En cuanto a las atribuciones que se le confieren, no difiere mucho de las que tenía el Intendente cuando era el órgano ejecutivo del Gobierno Regional, pues las funciones genéricas del Gobierno Regional se mantuvieron sin mayores cambios. Una innovación es que se establece que el gobernador regional será el jefe superior de los directores de los servicios públicos que dependan o se relacionen con el gobierno regional. En mi opinión, la finalidad principal buscada con la reforma era la elección popular de los gobernadores regionales, pero no se analizó con suficiente detención el funcionamiento del Gobierno Regional, considerando en conjunto el Gobierno y Administración del Estado.
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