Cierre de la central termoeléctrica Bocamina II, un paso a la descontaminación ambiental.
Sebastián Vásquez Olcese, abogado, Magíster en Derecho Público de la U. Pompeu Fabra, España, y profesor de la Universidad San Sebastián: “El gran desafío que tiene Chile hoy en día es la restauración ecológica, principio que tal vez debiera ser reconocido en una eventual nueva Constitución”.
El profesor menciona que en la actualidad el cierre de las centrales termoeléctricas como Bocamina II, en la ciudad de Coronel, es un suceso tremendamente importante y necesario. "Quizás vamos a tener algunos problemas de abastecimiento al comienzo debido a que los cambios no se hicieron de forma paulatina. Pero el proceso de transformación, sumado al hecho de contar con todos los mecanismos en nuestro país para poder llevarlo adelante, lo veo como una oportunidad y no como un problema. De hecho, se ajusta a la política energética de retiro del Carbón impulsada por el Ministerio de Energía dur

Por Ricardo Palma Santibáñez, Derecho Universidad San Sebastián.
Para el 31 de mayo de 2022 se encuentra fijado el cierre de puertas de la central Bocamina II, termoeléctrica que por años mantuvo a la comuna de Coronel subsumida bajo los efectos de la contaminación. En una entrevista al abogado, Magíster en Derecho Público y actualmente académico regular de la Universidad San Sebastián de Concepción, Sebastián Vásquez Olcese, quien se ha desempeñado como abogado a cargo de temas medio ambientales y de Derecho Administrativo, nos explica y nos da su opinión sobre este acontecimiento, sobre el futuro sustentable que podría adoptar nuestro país en materia de energías renovables y cómo el Estado se preocupa de los derechos fundamentales y su protección a través de la regulación medio ambiental.
Nuestra Constitución establece en su artículo 19 n°8 “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y que es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado…”, pero resulta que por años los habitantes de la comuna de Coronel, ubicada en la VIII Región del Biobío, han sufrido las consecuencias de todo lo contrario, viviendo en un medio ambiente totalmente contaminado ¿Por qué se permite esto? En ese sentido, ¿el Estado cómo vela por la protección de los derechos de los habitantes?
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