La vida de Yerko Lujbetic ha estado marcada por la política. En su juventud, y siendo militante de la Democracia Cristiana (DC), se convirtió en el primer presidente de la FECH tras su disolución en la dictadura. Años más tarde, sería el coordinador del Movimiento Juvenil por el NO, de cara al plebiscito de 1988 que terminaría por poner fin al régimen de Pinochet.

También siendo militante falangista llegó al gobierno de Ricardo Lagos: primero como subsecretario del trabajo y, luego, como Ministro de la misma cartera. Incluso compitió en las elecciones de 2009 para alcanzar un escaño en la Cámara de Diputados por el distrito 31 con el patrocinio de la falange. Pero hoy ya no milita en la Democracia Cristiana.

En 2013 concretó su salida  del partido para entregarle su apoyo al ex-dirigente estudiantil Francisco Figueroa, un personero cercano al Frente Amplio. Ljubetic estuvo en diferentes movimientos del conglomerado hasta que llegó a Convergencia Social, partido del que fue Presidente del Tribunal Supremo, y por el cual compite para las elecciones de Consejeros Constitucionales.

En el anterior proceso, las fuerzas políticas de centro-izquierda se fragmentaron en dos sectores. Hoy, de cara a las elecciones para el Consejo, ocurre lo mismo, con dos listas separadas. ¿Qué le hace pensar que ambas listas podrán llegar a acuerdos?

Yo he visto no sólo en declaraciones, sino que en debates en los que nos hemos encontrado, que hay una voluntad común de entender que el adversario, desde el punto de vista del proyecto constitucional, está al frente. Hacia el otro lado [Todo por Chile], lo que tenemos que hacer es articular alianzas y coordinaciones. Es muy evidente que el diseño del proceso induce imperativamente al acuerdo. Las posiciones no van a tener viabilidad alguna en la medida que no reúnan una cantidad de votos que los acerque a los quórums exigidos. Por lo tanto, es una cuestión de sentido común que habrá que buscar, en primer lugar, acuerdos entre quienes estamos en posiciones razonablemente semejantes para plantear proyectos que, probablemente, lleguen a contradecirse entre sí. Y entonces, en segundo lugar, habrá que conversar con el adversario político que está al frente, que son las diversas versiones de la derecha que está movida por el objetivo de que nada cambie.

¿Pero esto incluso a pesar de los conflictos recientes en la arena política como el cambio de gabinete, alejamiento de ciertos partidos y el rechazo a la idea de legislar una reforma tributaria?

Sí. Yo no tengo ninguna duda de que quienes sean las personas electas van a abstraerse de todo lo que sea necesario de la contingencia. Además, esto es también un imperativo para el éxito del Consejo. Esto vale no solo para los partidos políticos de centro izquierda o de izquierda, sino que para que el conjunto del Consejo tenga la capacidad de abstraerse de lo contingente para buscar acuerdos. Si producimos una vinculación entre el debate contingente con las materias que vamos a estar discutiendo en el Consejo, eso será una receta muy segura de fracaso en el cumplimiento del mandato constitucional.

Y a su parecer, ¿cuáles fueron las razones del rechazo a la propuesta constitucional de 2022?

Yo creo que es un tema que, probablemente, vamos a pasar mucho tiempo más analizando. Las razones son diversas y complejas. No hay una sola. Yo he llegado a tener cierto convencimiento de algunas. La primera que es que, de alguna manera, el hecho de haber logrado una mayoría tan sustantiva en la elección de convencionales de izquierda -sumados con independientes, lista del pueblo, etcétera-, hizo que se confundieran las matemáticas con la política. Se pensó que, porque teníamos esa esa mayoría tan abrumadora, había condiciones para proponer un proyecto que simplemente se preocupara de expresar nuestros ideales y nuestros sueños, sin considerar que la política no son matemáticas y que al frente teníamos mucha gente que pensaba distinto, gente que generó y promovió temores, que creó un cuadro que explica el rechazo. Y la otra es que, llevados por este mismo ánimo, hubo poca voluntad y capacidad de encontrar ciertos acuerdos transversales que fueran más allá de la mayoría progresista, y que es propio de lo que es una propuesta constitucional. Lo que la ciudadanía espera es que un texto constitucional le proponga ejes comunes válidos y vigentes, más allá de las posiciones personales de cada persona. Y creo que en eso hubo una debilidad en la propuesta, en beneficio de un desarrollo extenso de cuestiones programáticas que eran propias a nuestro sector.

 

En base a eso, ¿cómo piensa convencer a ese 62% que voto rechazo en el proceso anterior? ¿Con estos acuerdos transversales?

Esta propuesta debe estar mucho más caracterizada no solo por las voluntades de alcanzar acuerdos, sino que por las urgencias del diseño y de los tiempos que caracterizan a este proceso. Existirá, seguramente, un interés de que la primera prioridad sea que quienes sean electas y electo establezcan ciertos acuerdos transversales y estructurales, dentro de los cuales pueda debatirse otras cuestiones más específicas que reflejen, en la medida que haya acuerdo, los puntos de vista que se puedan consensuar. Va a haber mucha más carga de ejes ordenadores en el nivel constitucional con vocación de transversalidad. Yo creo que es el esfuerzo que hay que hacer. Y, en ese sentido, es probable que la acogida ciudadana, si nos va bien en ese en ese cometido, sea mucho más positiva que la que hubo respecto al proceso anterior.

La lista en la que compite, Unidad para Chile, estableció seis ejes que promete impulsar en el nuevo proceso constitucional. Dentro de esas promesas está la idea de un Estado que promueva una democracia paritaria y con perspectiva de género. ¿Qué propuestas concretas tiene al respecto?

Hay que decir que, primero, los aspectos relativos a la paridad -o, dicho de otra manera, a la eliminación de las formas de discriminación de género en el ejercicio de la política en sus distintos niveles- es un tema bastante consolidado. Creo que es una cuestión que no solo el proceso anterior desarrolló, sino que se puede ver bastante instalado en el sentido común de las personas. No debería haber, entonces, dificultad para avanzar en esa perspectiva. Ahora, hay que entender que esa perspectiva supone una dimensión de la paridad que no se limita a las cuestiones formales sobre distribución del poder: escaños paritarios, instancias paritarias, etcétera. Sino que, también, existen cuestiones de orden sustantivo. Ahí se instala la idea de la perspectiva de género: que la Constitución recoja, así como una perspectiva de Derechos Humanos, una perspectiva de género. Es súper importante, porque eso impregna no sólo las normas constitucionales. Obliga que la norma legal y todas las políticas públicas que se desarrollen, sea cual sea el gobierno que esté en funciones, acogan esa perspectiva y miren  los aspectos relativos al género, indaguen sobre la forma en que puedan estar dándose formas de discriminación no formal y se tomen acciones afirmativas para superar esos desequilibrios.

Su lista también tiene como eje la seguridad y tranquilidad de los chilenos. La Comisión Experta incluyó dos indicaciones para el anteproyecto que incorporaban capítulos sobre estas materias, aunque uno fue rechazado (FFAA y de Orden) y el otro desestimado por los propios impulsores (Seguridad Ciudadana y Protección de la Comunidad). ¿Simpatizaba con alguna de estas ideas?

Tiendo a coincidir con la idea de que los organismos mandatados para la función de la seguridad deben estar inscritos en el capítulo del gobierno interior. Esto tiene que ver con recuperar una tradición constitucional que se rompió en el 80’ con la constitución de la dictadura, y que claramente tenía la finalidad de situar a las Fuerzas Armadas, y secundariamente carabineros, en una posición política preferente. Yo creo que la subordinación clara y total de la Fuerza Armada al poder político es una condición de un sistema democrático. Esto en lo formal se expresa en que, más que tener un capítulo aparte, hay que trabajar y tratarlos en el ámbito de las funciones y atribuciones propias del gobierno interior, que es donde debieran estar situadas.

¿Y respecto a la seguridad ciudadana?

Y en materia de seguridad ciudadana lo que nosotros creemos es que es muy importante debatir en el futuro Consejo Constitucional el establecimiento del derecho de todas las personas a vivir en ambientes libres de violencia y amenaza. Eso nos parece que aporta una perspectiva que obliga a cumplir a los gobiernos, del signo que sean, de poner como un objetivo prioritario las medidas necesarias para asegurar este ambiente seguro. Esa es una cuestión que parece formal, pero cuya importancia radica en la obligación de las políticas públicas y las normas que se desarrollan en ese ámbito estén resguardadas por ese derecho, al igual como te comentaba con las perspectivas de género o derechos humanos. Eso lo creemos importante. Y lo segundo es que habrá que ver, con una mirada muy pragmática y muy exenta de cualquier consideración ideológica, qué elementos del nivel constitucional contribuyen o obstaculizan la eficacia de las tareas asignadas a las instituciones policiales. Habrá que preguntarse allí qué elementos puede aportar la Constitución para articular y coordinar a los dos organismos policiales. El imperativo de la coordinación y la articulación entre ellas puede ser una cuestión de orden constitucional que despeje varios problemas que han habido entre sus funciones. Y para mí también es muy importante precisar que tiene que ser pragmática y exenta de consideraciones ideológicas. Esos son los dos ejes. Una parte el ámbito del Derecho -simplemente las cuestiones de orden general que van a inspirar el marco normativo- y otra un análisis pragmático acerca de qué mejor manera establecemos la naturaleza y características de las actividades policiales, que están a cargo de esta cuestión tan relevante.

Pero a su juicio, ¿era necesario un capítulo específico, sea sobre perspectiva ciudadana o sobre Fuerzas Armadas, sobre seguridad?

Yo creo que no. Es importante poner las cosas en su lugar. La tarea de la seguridad ciudadana es una tarea históricamente asignada a los ministerios y a los organismos abocados a los temas de gobierno interior. No veo ninguna razón por la cual algunos de estos aspectos tienen que tener un capítulo específico. Más bien lo que veo ahí, para ser claro, es un ánimo, que me parece muy complejo, de levantar esta temática con intereses electorales. Yo creo que es el tipo de actitud que tenemos que abandonar si queremos que el futuro Consejo Constitucional tenga éxito. En materia de seguridad, a mí lo que me preocupa es la actitud irresponsable de sectores de la derecha que no se toman en serio el problema, sino que más bien lo utilizan como una bandera política para sacar dividendos de corto plazo. Este problema es muy serio y hay que tomárselo en serio. Y esa es una condición para alcanzar el éxito en el futuro Consejo Constitucional

Y respecto a lo que sucedió ayer, ¿está de acuerdo con el índice que presentó la Comisión Experta? ¿Le parece un buen índice?

El debate que importa, el debate constitucional, es uno de carácter político y no técnico. Y va a estar a cargo de la Consejo Constitucional porque allí, a través de esas mujeres y hombres elegidos por el pueblo, se va a expresar la soberanía en la elaboración del texto que habrá que proponerle a la ciudadanía. Por lo tanto, en las cuestiones de orden técnico a cargo de los expertos, tienen que ser funcionales a lo principal, que es el debate político que va a corresponder al Consejo Constitucional. Ese índice no me cabe duda alguna que es una buena base de trabajo, pero no constituye ningún límite, ningún borde, ninguna inhibición de lo que el Consejo tendrá que desarrollar más adelante. Y probablemente abordaremos otras temáticas no incluidas en los acuerdos de la Comisión experta, pero que van a ser ineludibles en el debate constitucional propiamente tal. Entonces, es bueno marcar la diferencia en las funciones de las instancias propiamente técnicas, como los expertos, y aquella que está a cargo del debate y la visión política de fondo, que es el Consejo Constitucional.

En entrevista con La Tercera usted mencionó que la Convención de 2022 fue, y cito, ejemplar desde el punto de vista de un diseño democrático, ¿cómo evaluaría el estándar democrático de este nuevo proceso?

Es un estándar democrático, pero que probablemente a la hora de un examen tendría una nota bastante más baja que la del proceso anterior. Eso por varias razones. Te cito dos o tres. Una, por supuesto, es que es mucho más representativo la elección de consejeros por distritos, como ocurre con la Cámara de Diputados  -que es un sistema representativo-, que por las regiones, como sucede en el actual proceso -tal como ocurre en el senado- y que no es proporcionalmente representativa de la ciudadanía. Eso ya es una primera diferencia bien importante. En segundo lugar, los tiempos involucrados son mucho más acotados. Nuestra campaña sólo dura dos meses. Es decir, la ciudadanía tiene menos tiempo para analizar y elegir a quien logra proponerle una futura Constitución que para elegir a sus concejales municipales. Hay una serie de elementos allí que hablan de que, en lo comparable, el proceso anterior sin duda tuvo ribetes mucho más representativos y participativos que el actual diseño.

¿Lo hace su juicio entonces menos legítimo?

Yo creo que la legitimidad de este proceso va a estar dada sobre todo por dos factores. Uno, la capacidad del Consejo Constitucional de abordar las discusiones que le parezcan necesarias sin sujetarse a límites de orden técnico. Y segundo, sobre todo la capacidad de llegar a acuerdos que sean claramente mayoritarios y representativos de lo que quiere la ciudadanía. Es allí donde se va a jugar finalmente un juicio efectivo sobre la legitimidad del proceso.

La derecha fue una minoría en el proceso pasado. Hoy en cambio es una fuerza considerable dentro de los órganos constitucionales ya constituidos. Si en el consejo se repite la misma tendencia, ¿qué tan dispuesto está para negociar con la oposición? ¿Está dispuesto a sacrificar algunos de los ejes, por ejemplo, para llegar a acuerdos?

Yo creo que todas y todos quienes postulamos al Consejo tenemos que tener absolutamente claro que esa discusión la tenemos que tener. Sino este va a ser un ejercicio vano, inocuo y frustrante. Si simplemente los sectores de derecha van a tratar de imponer sus consignas, o nosotros mismos tratar de imponer nuestras propias definiciones, claramente va a ser tiempo perdido. Esta disposición de llegar a acuerdos, que incluso suponga entender que hay cuestiones que pueden parecernos muy relevantes a nosotros o a la contraparte que no van a quedar, es una discusión absolutamente indispensable para que esto tenga alguna posibilidad de éxito. Y yo confío que, en las cuestiones que son esenciales, vamos a poder llegar a los acuerdos mínimos necesarios. Pero si no entramos con esa disposición, francamente esto es una pérdida de tiempo.