A dos años de su visita a Nicaragua, la CIDH advierte y condena el incumplimiento de sus recomendaciones y llama urgentemente al Estado a implementarlas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado, a dos años de su visita de trabajo a Nicaragua realizada entre el 17 y el 21 de mayo de 2018, el incumplimiento de las recomendaciones formuladas en sus Observaciones Preliminares y en su Informe de País que indicó que existen graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua e insta al Estado nicaragüense a implementarlas.

En la visita de trabajo, la Comisión observó una severa represión estatal hacia la población civil que protestaba en contra del Gobierno, caracterizada entonces por el uso excesivo y muchas veces letal de la fuerza policial; el despliegue represivo de fuerzas parapoliciales o de civiles con aquiescencia y colaboración de las autoridades estatales; la estigmatización, intimidación, amenazas y detenciones arbitrarias en contra de líderes y manifestantes, entre otros; así como por la ausencia de administración de justicia; y la censura directa e indirecta a la prensa.

A dos años de dicha visita, y de la instalación de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), creado para dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por la CIDH tanto en las Observaciones Preliminares al cerrar la visita, como en el Informe de País, la Comisión ha observado, y puesto en inmediato conocimiento de la comunidad internacional, la persistencia de patrones represivos de ataque a las libertades públicas mediante la prohibición de cualquier forma de disidencia, incluyendo la protesta social; el ataque sistemático a la libertad de expresión y prensa; la estigmatización y persecución de defensoras y defensores de derechos humanos; y el despliegue de grupos parapoliciales y otros contingentes civiles afines al Gobierno para perseguir y atacar a opositores y manifestantes. Todo ello en un contexto de impunidad estructural ante el debilitamiento de las instituciones públicas a través de la concentración del poder Ejecutivo y la falta de independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público y; adicionalmente, de impedimento del escrutinio internacional en terreno.