Acerca de la libertad de información frente al “derecho al olvido”.

En el marco del aniversario de la sentencia europea sobre “derecho al olvido” (Véase relacionado), tuvo lugar un interesante debate en el que participaron un grupo de abogados españoles, en el que se llegó a un cierto consenso con respecto a los límites del “derecho al olvido”, que no debe condicionar el derecho fundamental a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, a fin de evitar posibilidades de censura.

Al efecto, se expuso por parte de uno de los abogados participantes que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014 tiene su origen en la reclamación de un ciudadano español respecto del borrado de los enlaces resultantes de las búsquedas en Google efectuadas con su nombre que remitiesen a una información publicada en el medio La Vanguardia, donde se daba cuenta de un embargo. Tras reclamar ante la Agencia de Protección de Datos, el caso llegó a la Audiencia Nacional, que planteó cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En ese contexto, el fallo estableció en esencia que, en primer lugar, la actividad de un motor de búsqueda como Google, que consiste en hallar información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y, por último, ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado, debe calificarse de tratamiento de datos personales, y el gestor del motor de búsqueda debe ser considerado responsable de dicho tratamiento.