Amnistía Internacional solicita a autoridades colombianas garantizar seguridad de comunidades amenazadas.

Frente a la grave situación de confinamiento de las personas que habitan la cuenca del río Naya en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, ocasionado por el accionar de múltiples actores armados y la falta de presencia del Estado colombiano, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo: “Las autoridades colombianas deben tomar acciones inmediatas, efectivas y contundentes que garanticen la protección, seguridad e integridad de las comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas de la región Naya ante la alarmante toma del territorio por varios grupos armados. Y esto se debe hacer en consulta con las comunidades amenazadas”.

Asimismo, agregó, “las autoridades deben disponer las medidas cautelares concedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2002. El Estado no puede permitir que las y los habitantes de la región sigan viviendo bajo la amenaza constante de violencia extrema”.

De acuerdo a Amnistía las personas que habitan los corregimientos de Concepción, Las Pavas, San Francisco, Puerto Merizalde y Juaquincito se encuentran en permanente riesgo y miedo ante la coerción y enfrentamientos entre grupos armados paramilitares y disidencias de las FARC.