España.
Audiencia Nacional ratifica decisión del Comité contra la Tortura de la ONU y ordena al Estado español pagar una indemnización de perjuicios a víctima de maltrato policial.
Esta había denunciado el hecho ante el Comité, el cual estimó que se vulneraron sus derechos al tenor de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles Y Políticos.
La Audiencia Nacional de España acogió un recurso contencioso-administrativo deducido por una mujer que sufrió apremios ilegales por parte de la policía en 2013 y declaró la responsabilidad patrimonial del Estado.
La víctima dedujo recurso en contra de una resolución administrativa que desestimó su reclamación de reparación por responsabilidad del Estado. Alegó que los vejámenes vulneraron su derecho a la integridad física y moral, a la libertad y a la seguridad y a la tutela judicial efectiva, exigiendo una indemnización pecuniaria por los perjuicios causados a su persona.
El caso llegó a conocimiento del Comité contra la Tortura de la ONU (CAT), que emitió una resolución dictaminando que “(…) existieron indicios razonables de tratos crueles, inhumanos o degradantes y que el Estado parte ha incumplido su obligación de asegurar asistencia médica».
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