CC de Colombia declaró inconstitucional norma que utilizaba lenguaje peyorativo y discriminador contra grupos indígenas.

La Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucionales las expresiones lingüísticas –“salvajes” y que deben ser “reducidos a la vida civilizada”– contenidas en la ley 89 de 1890 alusivas a los grupos indígenas, por cuanto desconocen la dignidad humana, el principio de multietnicidad, el derecho a la igualdad y la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes y el derecho a la igualdad, contenidos en los artículos 1º, 7º, 12 y 13 de la Carta Política.

En su sentencia, la Magistratura Constitucional colombiana expone que aunque los títulos de las leyes carecen de valor normativo autónomo, eventualmente pueden producir efectos jurídicos de manera indirecta debido a su valor interpretativo de las leyes, de modo que su inconstitucionalidad se puede llegar a proyectar en el articulado de la ley. Respecto al control judicial del lenguaje, reiteró, que algunas expresiones lingüísticas con una connotación peyorativa en contra de ciertos colectivos históricamente discriminados, pueden resultar contrarias a la dignidad humana y a la prohibición de discriminación, por lo cual, en estas hipótesis es viable el control judicial de la terminología empleada en una norma jurídica.

Sostiene enseguida el fallo que dado que las palabras, incluidas las palabras de la ley, suelen inscribirse en marcos conceptuales determinados, normalmente, no ideológicamente neutros, los enunciados legales no solo tienen un uso prescriptivo a través de la regulación de las relaciones jurídicas, sino que también pueden tener otro tipo de usos “paralelos” cumpliendo roles representativos o asertivos, expresivos, constitutivos o declarativos, relacionados con la representación de la realidad, con la reproducción de percepciones, concepciones, cosmovisiones e imaginarios, con la manifestación de sentimientos y emociones, o con insinuaciones sobre el status o condición de ciertos sujetos. De esta forma, la emisión de algunos de ellos por parte del legislador podría estar prohibida en virtud del deber de neutralidad que el sistema constitucional le asigna al Congreso, de modo que en esta oportunidad, los cuestionamientos de los accionantes a las expresiones demandadas, sí eran susceptibles de ser valoradas en el escenario del control abstracto de constitucionalidad.