Diario Constitucional

Ley No. 21.655.

Chile: CIDH expresa preocupación por reformas migratorias que restringen el derecho al asilo.

Preocupa la incorporación de una etapa de verificación inicial en el procedimiento de reconocimiento de la condición de persona refugiada que buscaría rechazar, luego de una entrevista, las solicitudes manifiestamente infundadas, como aquellas solicitudes consideradas fraudulentas o que no guardan relación con los criterios para la concesión de la condición de refugiado.

Por Redacción·07 de mayo de 2024·3 min de lectura
Imagen: revistauniversitaria.uc.cl
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa preocupación por la aprobación de la Ley No. 21.655, en Chile, que incorpora reformas a la Ley No. 20.430 sobre protección de refugiados y Ley No. 21.325 de Migración y Extranjería, al restringir el acceso real y efectivo del derecho a buscar y recibir asilo, y llama al Estado a garantizar los derechos de las personas en movilidad humana conforme sus obligaciones internacionales.

Esta nueva ley, que entró en vigor el 24 de febrero pasado, establece disposiciones que limitarían diversos derechos de las personas en movilidad humana. En particular, preocupa la incorporación de una etapa de verificación inicial en el procedimiento de reconocimiento de la condición de persona refugiada que buscaría rechazar, luego de una entrevista, las solicitudes manifiestamente infundadas, como aquellas solicitudes consideradas fraudulentas o que no guardan relación con los criterios para la concesión de la condición de refugiado. Ello, sin que la autoridad administrativa competente emita una resolución sobre el fondo de la solicitud, estableciendo que la persona solicitante no requiere de la protección internacional.

En la misma línea, preocupan a la CIDH, las reglas que limitan la posibilidad de solicitar asilo únicamente a las personas que lleguen directamente desde el territorio en que su vida o libertad está amenazada; el plazo de siete días para solicitarlo, luego de que la persona haya ingresado al país; y la ampliación del límite territorial para que las autoridades pueden devolver a una persona hacia la frontera, sin realizar un procedimiento de expulsión. Estas disposiciones impedirían el ingreso al territorio del Estado con el fin de acceder a los procedimientos que conducen a la valoración de las necesidades de protección internacional.

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