CIDH condena el cierre masivo de organizaciones de la sociedad civil y religiosas en Nicaragua.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la decisión del régimen de Daniel Ortega de cancelar la personería jurídica de 1.500 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo al menos 700 de índole religiosa. Esta acción intensifica la represión en Nicaragua, evidenciando el sostenido embate contra el pluralismo y el cierre deliberado del espacio cívico y democrático en el país.

El 19 de agosto de 2024, la CIDH recibió información sobre la decisión del Ministerio del Interior de cancelar la personería jurídica de 1.500 organizaciones mediante el acuerdo ministerial 38-2024-OSFL, publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Según indica, las causas de la cancelación habrían sido «no reportar» sus estados financieros por períodos que oscilan entre uno y 35 años. Además, establece que el destino de los bienes muebles e inmuebles de estas organizaciones corresponderá a la Procuraduría General para su traspaso a nombre del Estado.

Asimismo, el 16 de agosto de 2024, la Vicepresidenta de la República anunció la presentación de iniciativas de ley para establecer un nuevo modelo de funcionamiento de los organismos no gubernamentales, denominado «Alianzas de Asociación». Este modelo exige que todos los proyectos o programas de la sociedad civil se desarrollen en colaboración con instituciones estatales, previa aprobación del Ministerio del Interior o de la Cancillería de la República.