CIDH: Estados Unidos debe redoblar esfuerzos para garantizar el derecho a la salud reproductiva de las mujeres.

En el segundo aniversario de la sentencia en el caso Dobbs v. JWHO, que eliminó el derecho a acceder a servicios de salud relacionados con aborto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la proliferación de marcos legales, prácticas y otros obstáculos que impiden el acceso a servicios de salud reproductiva en Estados Unidos. La CIDH urge al Estado a proteger el derecho a la vida, salud e integridad personal de mujeres y personas gestantes.

A dos años de la sentencia de la Suprema Corte, aproximadamente 33 Estados cuentan con legislación que prohíbe o restringe el acceso a servicios de salud para el aborto en determinada medida. La inconsistencia, ambigüedad o poca claridad de algunas normas ha generado incertidumbre en los profesionales de la salud sobre lo que es legal o no, lo que puede comprometer la calidad del servicio prestado por temor a ser sancionados. Entre estos, se incluyen casos donde la negación o el retardo de la atención médica, incluso en casos de emergencia, resultó en daños a la salud física y emocional de las mujeres que eran prevenibles.

Además, la Comisión ha recibido reportes de que el incremento del hostigamiento, violencia y amenazas contra profesionales y establecimientos de salud que proveen estos servicios, han ocasionado que muchos profesionales de la salud abandonen o eviten ejercer su práctica médica en Estados donde se prohíbe o restringe el aborto. Ello ha ocasionado el cierre no sólo de las clínicas de aborto, sino también de secciones de maternidad en los hospitales. Estas consecuencias impactan de manera desproporcionada a las mujeres y personas gestantes negras e indígenas, quienes ya enfrentaban, en promedio, tasas más altas de mortalidad materna en el país.