Crisis institucional.
CIDH muestra preocupación por la crisis política de Perú y hace un llamado a respetar la institucionalidad.
Esta crisis puede ser superada sin poner en riesgo la institucionalidad democrática. El Tribunal Constitucional está llamado a ser un árbitro que evite arbitrariedades o excesos que quebranten el principio de legalidad y debido proceso, mismos que, de no respetarse, pueden generar afectaciones a la democracia en el Perú.
En el marco de una visita de trabajo a Perú, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre los crecientes riesgos a la institucionalidad democrática de este país.
En su análisis, señala que la crisis institucional se debe principalmente a 3 factores: el mecanismo de acusación constitucional, la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y la disolución unilateral del congreso. A continuación profundiza en cada uno de estos puntos.
En cuanto a las acusaciones constitucionales, sostiene que “(…) esta figura carece de definición objetiva porque ni la ley ni la Constitución precisan las conductas punibles y sus correspondientes consecuencias. Esto abre posibilidades de que se cometan arbitrariedades que, a su vez, socaven la separación e independencia de los poderes públicos, la estabilidad democrática, y el legítimo ejercicio del poder”.
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