Diario Constitucional

Protestas sociales.

CIDH publica el informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Chile.

La Comisión destaca en el informe que durante el estallido social se registraron hechos donde hubo un uso excesivo de la fuerza por parte del Estado, en detrimento del ejercicio al derecho a la protesta pacífica.

Por Redacción·26 de enero de 2022·3 min de lectura
CIDH publica el informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Chile.
Referencial

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el informe «Situación de Derechos Humanos en Chile» sobre la visita in loco, realizada del 25 al 31 de enero de 2020, con el propósito de conocer las causas subyacentes y las consecuencias de las protestas sociales iniciadas el 18 de octubre de 2019. En el informe se analiza la institucionalidad democrática vigente; las demandas históricas de la sociedad chilena en el marco de las protestas sociales; la respuesta del Estado de Chile a las protestas; así como las medidas adoptadas por éste para atender las demandas de la población.

La CIDH destaca en el informe que durante el estallido social se registraron hechos donde hubo un uso excesivo de la fuerza por parte del Estado, en detrimento del ejercicio al derecho a la protesta pacífica. El informe subraya que el accionar de los Estados democráticos debe considerar que las protestas no constituyen una amenaza al orden público; estas fortalecen la participación política y la construcción de mayores niveles de participación ciudadana. El informe también da cuenta de aquellos actos de violencia que excedieron los límites de la protesta pacífica. Por otra parte, se destaca que las demandas de la población se centraron en el acceso y ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con un llamado a asegurar la igualdad y no discriminación, así como el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

En este sentido, se resalta la Convención Constitucional que se instaló el 4 de julio de 2021 con el fin de reformar la Constitución vigente desde 1980, como respuesta democrática ante la crisis social, a través del diálogo nacional. Este proceso representa un paso histórico hacia la reconciliación y una oportunidad única para revertir la situación actual hacia una nueva etapa de pleno goce de derechos humanos para todas las personas.

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