Crean red para compartir información sobre situación de migrantes en América Latina.

La pandemia de la COVID-19 ha llevado a un agravamiento de las vulnerabilidades de las personas migrantes y refugiadas en América Latina, especialmente de mujeres, niños y niñas, que partían ya de un contexto muy difícil por la crisis migratoria venezolana y centroamericana. Existe un desafío adicional debido a que la región soporta el mayor número de solicitudes de asilo en todo el mundo con el 39% del total, con una muy baja tasa de reconocimiento que alcanza solo el 4%, según datos de ACNUR. Y el fenómeno migratorio se mantendrá, e incluso incrementará, en las próximas décadas, especialmente en la etapa post-COVID lo cual lo cual debe motivar a las Defensorías Públicas de la región a actuar con mayor énfasis en la defensa de este colectivo para enfrentar situaciones lesivas a sus derechos humanos. Así coincidieron en señalar los expertos y expertas reunidos en el seminario internacional **“El acceso a Justicia de personas en contexto de movilidad en América Latina”**organizado por el programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, cuya gestión lidera la FIIAPP, y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF).

El Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Felipe González sostuvo que “América Latina presenta serias deficiencias en la garantía del acceso a la justicia para migrantes, lo cual impacta negativamente en el ejercicio de sus demás derechos humanos y favorece la impunidad de los delitos de los que sin víctimas”. “El acceso a la justicia para migrantes debiera incluir no solamente el ámbito penal, sino también el civil, el laboral y el administrativo, entre otros. En situaciones de detención migratoria, procesos de deportación y otros de carácter administrativo es indispensable asegurar dicho acceso” añadió.

En el seminario se expusieron también algunas de las principales conclusiones del diagnóstico “Acceso a la Justicia de personas en contexto de movilidad humana” realizado por EUROsociAL+ a solicitud de AIDEF. Este informe señala, entre otros aspectos, que las dificultades que atraviesan las personas migrantes y refugiadas que buscan regularizar su situación documentaria se ha agravado por las crisis del COVID, pues los procedimientos en muchos países se encuentran suspendidos, con el consiguiente temor y riesgo de ser devueltos a su país de origen. El diagnóstico hace también una descripción de las principales necesidades jurídicas no cubiertas que enfrentan, como el acceso a documentación para la regularización, así como el acceso a derechos como la salud, educación, defensa para la no devolución, expulsiones colectivas y representación legal para las personas procesadas penalmente.