Demanda contra el gobierno de Estados Unidos por su apoyo militar, diplomático y financiero a Israel es desestimada por un tribunal estadounidense.

El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito confirmó el rechazo de una demanda que buscaba obligar al gobierno a cesar el apoyo militar, diplomático y financiero a Israel. En su fallo, el tribunal determinó que el caso no era justiciable conforme a la doctrina de la cuestión política. Esta doctrina, arraigada en la separación de poderes establecida por la Constitución de Estados Unidos, limita las decisiones judiciales a controversias de índole legal, excluyendo así la intervención en cuestiones de índole política.

Los demandantes sostuvieron que la administración Biden había incumplido sus obligaciones bajo la Convención sobre el Genocidio. Alegaron que la asistencia militar y de otro tipo proporcionada al gobierno israelí convertía a Estados Unidos en cómplice de genocidio, en contravención de la Convención sobre el Genocidio y su legislación de implementación.

Este instrumento jurídico internacional fue incorporado a la legislación federal de Estados Unidos en 1988. Esta legislación tipifica como delito federal no solo la comisión de genocidio, sino también la incitación directa y pública al genocidio.