Direcciones IP están protegidas por la Constitución canadiense al ser una información privada del titular.

La Corte Suprema de Canadá acogió el recurso deducido contra un fallo que validó la obtención de la dirección IP (protocolo de internet) de un acusado. Dictaminó que la Constitución protege esta información, por lo que debe ser considerada como una “búsqueda” al tenor del artículo 8 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades (Carta).

Un hombre fue arrestado por realizar compras fraudulentas en línea después de que la policía obtuviera su dirección IP de una empresa de procesamiento de pagos. Tras su arresto, impugnó judicialmente su procesamiento por diversos delitos financieros, aduciendo que se había vulnerado su derecho a la privacidad, ya que, en su opinión, la obtención de un IP era una búsqueda al tenor del artículo 8 de la Carta: “Toda persona tiene derecho a estar segura contra registros o incautaciones irrazonables”.

Los tribunales de instancia desestimaron su pretensión al estimar que una dirección IP no era información privada, por lo que su obtención no constituía una búsqueda en virtud del artículo 8. El acusado recurrió el fallo del tribunal de segunda instancia en estrados de la Corte Suprema.